Fuentes de Tribunales Federales indicaron a RESUMEN que la fiscal Graciela López de Filoñuk formuló requerimiento de instrucción a los efectos de que se investigue la posible comisión de hechos delictivos por parte del párroco de la iglesia de La Merced, Marcelo Siderides, así como por la arquitecta Melina Malandrino y los arquitectos Cufré y Orozco, todos integrantes del Instituto Marina Weisman de la Universidad Católica de Córdoba.
La calificación legal sería la de Daños (artículo 184, inciso quinto, del Código Penal, que contempla una pena de 3 meses a 4 años de prisión), más precisamente Daño Agravado por cometerse contra bienes de uso público y monumento de carácter histórico, según la Ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Peleontológico, con motivo de los daños sufridos en el templo mayor de la ciudad durante su restauración y remoción de pisos y mobiliario iniciados en el año 2010.
Un largo recorrido
La causa tuvo inicio a raíz de la denuncia efectuada por la Defensoría del Pueblo de la Nación, derivada por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbo, a la Fiscalía Federal Nro. 3 de Córdoba.
Si bien López de Filoñuk primeramente requirió la instrucción al juez en turno Alejandro Sánchez Freytes, este se declaró incompetente y remitió las actuaciones al juez Ricardo Bustos Fierro (de turno cuando acontecieron los hechos).
Bustos Fierro decidió que la dirección de la investigación de la causa quede a cargo de la Fiscalía Federal a cargo de Enrique Senestrari.
Entre las causas que se investigan está la de haber dañado los pisos del templo al pedir su remoción. En su investigación la fiscal López de Filoñuk interrogó a diversas personas que trabajaron en la remoción del piso, como es el caso del ingeniero José Jacobo, o miembros de las familias que tienen antepasados enterrados bajo el suelo del templo, muchos de los cuales sufrieron daños al momento de producirse el levantamiento de las antiguas losetas.
También fueron interrogados el titular de la empresa Contemar, Nicolás Martínez, que retiró los escombros y los depositó en un terreno baldío en barrio Liniers, y el Jefe de Patrimonio Cultural de Córdoba, Jorge Allievi. Previamente, la legisladora nacional Norma Morandini presentó pedidos de informes a la Agencia Córdoba Cultura y a la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, sobre el daño a la iglesia.
LA VOZ DE SIDERIDES
El párroco de la iglesia de La Merced, Marcelo Siderides, mostró su sorpresa al ser consultado sobre este tema y el avance que tuvo la causa desde que la fiscal presentó los requerimientos ante el juez: “No recibimos ninguna notificación ni pedido de información desde la Justicia. Tampoco tengo conocimiento de cuál es el procedimiento al respecto, habrá que ver cómo se procede en estos casos y si somos llamados desde la Justicia presentaremos toda la información que tenemos y nos haremos asesorar por los abogados que nos han acompañado siempre desde el Arzobispado. Lo que haré por de pronto es informarme sobre el estado de este caso”.
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