Vecinos de barrio La Perla de Alta Gracia, con representantes de otras zonas en juicio, como Villa Río de Anisacate, referentes de organizaciones sociales, sus abogados e integrantes del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) se juntaron frente a los Tribunales de Alta Gracia, bajo la lluvia, para pedir el freno a las acciones judiciales contra los habitantes del sector.
Matías Ávila, integrante del RENABAP, contó a RESUMEN: «Acompañamos a los vecinos con el RENABAP, para que se detengan los juicios contra los mismos, iniciados por la Sociedad Anónima (Hermanos María), ya que la realidad es que hay un barrio establecido en el lugar». «La ley de la RENABAP protege a los habitantes, a través de la misma, en su artículo 15, establece que se suspende cualquier acción judicial contra los barrios inscriptos dentro de la entidad» agregó.
Los vecinos habían definido en una asamblea realizar la manifestación y les solicitaron a los integrantes del registro que los acompañaran.
En junio del año 2020, un juez aplicó la ley y se frenaron los desalojos.
El litigio por los casi 700 lotes de Bº La Perla lleva más de diez años, desde que la empresa Hermanos María con su personería jurídica porteña arribó a la ciudad reclamando esas tierras que, según manifestaban, les pertenecían desde hacía más de 50 años.
Lo cierto es que fueron muchísimas las familias que a o largo de todos estos años habían ocupado esos lotes- los cuales no tenían regulación dominial-comprándole «de buena fe» el derecho de posesión a un que otro vendedor que iba rotando en los predios. Familias que ahora y con estas intimaciones, corrían el riesgo de perderlo todo.
En junio del 2020, por primera vez en Alta Gracia se aplicó un fallo que viene a proteger los derechos de aquellos vecinos que viven en barrios populares. Esto, bajo la Ley de Regulación Dominial, la cual había sido sancionada en el 2018 pero nunca se había sido puesta en la práctica hasta entonces.
«Esta Ley prevé tres cosas fundamentales. Por un lado declara de utilidad publica y sujeta a expropiacion de esos barrios populares censados en 2017 en todo el país, suspenden los desalojos por cuatro años desde que entro en vigencia la ley o sea hasta 2022 y contempla que lleguen los servicios que aún no estan llegando. Algo de lo que ahora debe encargarse el ejecutivo«, explicó Nicolás Calvi a RESUMEN, Coordinador del área tierras del Municipio, uno de los involucrados en este triangulo que buscó el beneficio para los miles de vecinos que no estaban asesorados y corrían el riesgo de quedarse en la calle.
Comentarios: