Este 8 de agosto se cumplen nueve años del intento de toma de las tierras fiscales nacionales pertenecientes a la ex Cantera del Cerro. Unas treinta familias, pertenecientes a la Coordinadora 27 de mayo, a cargo de Humberto «Tito» Rivarola, se acercaron a las 9 horas al sector, con elementos como rollos de alambre, lonas y herramientas.
Se trataba de familias en situación de vulnerabilidad y sin viviendas.
Las fuerzas de seguridad se llegaron al sitio y evitaron la ocupación. Luego se aproximaron funcionarios en horas del mediodía para descomprimir la situación y definieron continuar las conversaciones el lunes 13 de agosto de 2012, en la municipalidad.
La reunión se llevó adelante en realidad el martes 14, según publicó RESUMEN en ese entonces. Del encuentro participaron diez familias, Rivarola en representación de ellos, Jano Ávila de la Comisión de Tierras, Roberto Urreta como Asesor Letrado de la Municipalidad y el concejal de la UCR, Leandro Morer. Los «sin tierra» salieron satisfechos de la reunión ya que los funcionarios les prometieron que se trataría el tema de la vivienda social.
En el año 2013, estas familias se constituyeron en una asociación civil a partir de la inquietud de vecinos ante la falta de políticas públicas para solucionar el problema de hábitat de la ciudad de Alta Gracia. Son parte del Colectivo de Organizaciones, miembros de SERVIPROH y junto a otras ONG, elaboran propuestas para la obtención de tierras y la construcción de viviendas sociales, desde el compromiso, la solidaridad y la ayuda mutua.
El Concejo Deliberante, en agosto de 2013, aprobó por unanimidad la ordenanza 9554 que buscaba justamente el compromiso por parte del municipio para generar una “política habitacional que facilite el acceso a una vivienda digna por parte de sus vecinos procurando resolver en forma paulatina los problemas y déficits habitacionales en la ciudad, contemplando aquellos con recursos y condiciones socio-económicas más débiles”.
Las viviendas -que comenzaron con unas casitas de madera dadas por la entidad «Techo»- están ubicadas al oeste de la ciudad, colindante con barrio Liniers. Tras varias gestiones, logró hacer un convenio con el gobierno nacional para que pudieran ocupar las tierras e instalar viviendas sociales.
Tras varias instancias judiciales, en julio del 2021, lograron una setencia favorable para el Amparo por Hábitat Digno. A partir del mismo, todos los estados, nación, provincia y municipio, deberán realizar obras e instalar los servicios públicos en el sitio.
La medida es en favor de mujeres amparistas socias y de todas las familias de la Organización Comunitaria 8 de Agosto, quienes, tras agotar todas las medidas administrativas, solicitando al gobierno municipal el cambio de suelo-para declarar la zona habitable- y exigir obras de urbanización y la instalación de luz y agua para un hábitat digno, iniciaron acciones legales a través de Defensoría del Pueblo a fines de 2018.
La entidad venía cumplimentando todos los requerimientos, autorizaciones, ordenanzas y solicitudes de todo tipo, para constituir un loteo de interés social sin lograr- hasta el momento- la concreción de las obras de servicios básicos.
Hoy, a nueve años de esa toma simbólica, la buena noticia para el sector, la dio el intendente Marcos Torres diez días atrás en el programa «Todo Pasa» formato sábado: llevarán el agua potable con una obra de 10 millones de pesos.
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