«Observamos con muchísima preocupación la progresiva flexibilización que tanto el TSJ como el MPF están llevando adelante en relación a las condiciones de bioseguridad en en la que nos desempeñamos las empleadas y empleados judiciales», expresaron.
El texto recuerda que el contexto no es óptimo y que se aproxima una segunda ola. Sin embargo el COE autorizó a que se aumente el personal en las oficinas. La preocupación de los trabajadores es que se no se respete el distanciamiento social.
«El panorama en las Unidades Judiciales es aún peor. Aún habiendo pandemia intempestivamente se anunció una ‘vuelta a la normalidad’ que violenta las condiciones de trabajo, no respeta la jornada de trabajo, descansos, francos y expone la salud de las compañeras y compañeros», precisaron.
Por estas condiciones que explicaron es que se decretó el paro de actividades de 48 horas para el lunes 21/12 y el 22/12. «Exigimos la apertura de una instancia de negociación en la que la patronal explique bajo que protocolos y medidas de bioseguridad pretende llevar a cabo el trabajo presencial», concluye el comunicado.
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