Este jueves mas de 60 familias de Alta Gracia celebraron la adquisición de los boletos de compra y venta de los «polémicos» lotes ubicados en el Sector II de Barrio Parque San Juan, los cuales defendieron con uñas y dientes durante años, haciéndole frente a ordenanzas y a más de una amenaza.
A esos predios, los nuevos vecinos llegaron de manera ilegal. Así de simple. Son predios que correspondían a un privado y en donde varias familias se fueron instalando de manera precaria hasta montar una especie de ayuntamiento que poco a poco se iba yendo de las manos. A la historia ya la conocemos, luego intervino el Municipio y tras un largo litigio se llegó a un acuerdo favorable para todos, por así decirlo. Aunque, lo que se destaca aquí es la manera en que la gente tomó posesión del sector- la cual nunca es justificable- pero sin duda deja a entrever la falta de posibilidades de los sectores mas vulnerables.
Pues bien, la noticia de esta firma de boletos generó mucha repercusión. Sobre todo, la de cientos de vecinos que desean acceder a un lote propio y que, por las condiciones económicas, le es verdaderamente imposible. Algo sí está claro y es que no todos quieren usurpar, y ante inviabilidad de comprar un terreno sucede lo mas común: se construye en lotes de familiares. Ampliaciones que en algunos casos son posibles gracias a Programas Municipales, Provinciales y hasta Nacionales, que vienen a enmendar o paliar un problema creciente.
Pero, a decir verdad, de esto ya se habló en Alta Gracia, incluso hace ocho años se celebró con bombos y platillos la aprobación de la ordenanza 9554, la cual buscaba justamente el compromiso por parte del municipio para generar una “política habitacional que facilite el acceso a una vivienda digna por parte de sus vecinos procurando resolver en forma paulatina los problemas y déficits habitacionales en la ciudad, contemplando aquellos con recursos y condiciones socio-económicas más débiles”. Esto, ¿Alguna vez se puso en práctica?.
Apenas un año después, se aprobó la ordenanza 9769 de expropiación de lotes, que marcó el inicio de la gestión de Facundo Torres como Intendente a cargo, en 2014, que preveía la voluntad de estado de expropiar, para viviendas sociales aquellos terrenos que registraran estado de abandono, falta de pago de tributos municipales, falta de mantenimiento de malezas y limpieza y cuyos titulares registrales no se domicilien en la ciudad de Alta Gracia.
Ambas legislaciones apuntaban claramente, además, a regularizar a través de la participación activa del estado las situaciones de ilegalidad la usurpación y/u ocupación, por parte de terceros, muchas veces con exclusivos fines de lucro (es decir tanto de vecinos en situación de emergencia habitacional, así como de privados con proyectos inmobiliarios y comerciales).
A la fecha poco se sabe de la situación de expropiación en Alta Gracia y, de haberse realizado, de cuál es el fin que el Municipio le otorga a esos lotes. ¿Se cumple con alguna de estas ordenanzas?.
No hay que olvidar tampoco que cuando se discutió la posibilidad de que el Municipio vuelva a tomar posesión del gran predio de Piedra del Sapo – el cual desde hace años pertenece al Sindicato de Empleados de Comercio y que permanece en evidente estado de abandono- el actual Intendente Marcos Torres dejó abierta la posibilidad de darle un uso habitacional a ese espacio, precisamente para responder a la alta demanda de viviendas en Alta Gracia. De todos modos, nada mas se habló al respecto.
¿Otra vez hablamos de ordenanzas que en la práctica no existen?, ¿Cuál es el rol del Estado en todo esto?.
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