
En torno a la polémica que se desató tras conocerse el proyecto para expropiar el monumento de Myriam Stefford y convertirlo en un parque temático, la responsable de la iniciativa, la legisladora departamental de UPC Carolina Basulado, expresó a RESUMEN su postura: «la provincia tiene la decisión de expropiar por más que haya un conflicto judicial. Después se le abonará a quien corresponda», afirmó, y agregó: «Este poder supremo que tiene la provincia de expropiar no impide que se dirima la posesión de un inmueble o terreno por parte de la Justicia. No tiene nada que ver una cosa con la otra», sentenció.
La aclaración se basa en los dichos que hoy se hicieron públicos de parte del abogado del nieto de Raúl Barón Biza, Gustavo Liebau: “Mi cliente no pide nada del campo, lo que pretende es el monumento”, afirmó, y agregó: “¿Para qué la provincia quiere expropiar un sector de 16 millones de pesos y convertirlo en un parque temático?»
Cabe aclarar que en dos semanas se tratará en la Legislatura de Córdoba esta revalorización propuesta por Basualdo que consiste en expropiar las 9 hectáreas del predio para que sea una puerta de entrada a los valles de Paravachasca y Calamuchita.
El proyecto fue tratado este miércoles en comisión donde estuvieron presentes representantes de Educación, Cultura y Turismo.
Mediante un escrito la legisladora intenta además, dejar en claro la iniciativa: «La decisión de expropiar un inmueble tomada por el Poder Legislativo de un Estado es propio del Poder Supremo que los Estados tienen, poder que no es absoluto y que tiene limitaciones, en este caso es contar con una ley que declare este bien de utilidad pública, de provecho para toda la comunidad, se trata de satisfacer el bienestar de muchos y que quien lo soporte sea (expropiado) sea recompensado. A quien corresponde el monto de la indemnización es algo que se dirimirá en la Justicia, el Estado reservara el monto que fija objetivamente el Consejo de Tasación, para quien resulte el titular legitimo del inmueble. A la Legislatura no le atañe el titular registral del bien para tomar la decisión de expropiar, lo que lo motiva es la utilidad pública del bien sujeto a expropiación», reza parte del escrito que hoy dio a conocer a los medios.
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