El Intendente asegura que la Municipalidad tiene la potestad para expropiar los sitios que mantengan deuda desde hace más de 5 años. Se hará una lista de aspirantes. Mucha gente se expresó en contra manifestando que la medida es arbitraria y anticonstitucional.
«Estamos facultados para llevar adelante la espropiación», así lo manifestó el titular del Ejecutivo, Facundo Torres, al referirse al proyecto de ordenanza que se encuentra en comisión y que pretende expropiar más de 4000 lotes baldíos de la ciudad. “Podemos realizarlo, ya que en esta oportunidad el objetivo es un bien público, es decir, satisfacer las necesidades habitacionales de la población”, expresó Torres, y agregó: “La idea es declarar de utilidad pública a aquellos baldíos que estén en aparente estado de abandono desde hace más de 5 años, y ponerlos a la venta con un valor bajo a fines de 2014”.
Según lo establece la Ley, cuando un municipio expropia un bien debe indemnizar a su propietario, sin embargo, muchos de los terrenos que se encuentran en condiciones de ser objeto de esta mecánica, no se les conoce un dueño aparente a quien abonarle.
Ante esta consulta, Torres manifestó: “Se buscará en el Consejo de Tasaciones de la provincia de Córdoba cuánto sale el terreno y después veremos cuanto debe al Estado. Si la suma es positiva, consignaremos en el banco el monto que surja de la diferencia. Por otra parte, se hará una lista para que la gente que cumple con determinados requisitos pueda ser beneficiaria del sorteo que haremos de esos terrenos”, señaló.
Por otra parte aseguró que muchos municipios de la provincia le consultaron la iniciativa porque están muy interesados en realizarlo. «Esto es una política de gobierno positiva por donde la mires», refelxionó.
Ante la novedad, gran cantidad de personas se acercaron a la Municipalidad y comenzaron a regularizar su situación, sin embargo hay otros que recurrieron a diferentes abogados porque entienden que la medida es arbitraria y atenta contra el bien común.
Algunos de los conceptos expresados hicieron referencia a que la Municipalidad le saca a un privado para dar a otro, que los funcionarios determinarán arbitrariamente el destino de los lotes y por último que el municipio no tiene fondos para indemnizar a los propietarios. En el caso de que esto no se haga previamente, se trataría de una confiscación y no de una expropiación, figura ya eliminada de la Constitución Nacional.
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