Seis años sin cumplir la medida cautelar a favor de Irene Cuevas

Un 7 de julio del 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado argentino a cumplir con los apoyos necesarios para la inclusión socio-educativa de la altagraciense. Aún no hay respuestas.

Seis años atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenaba al Estado argentino cumplir con los apoyos necesarios para la inclusión socioeducativa de Irene Cuevas bajo standares internacionales. La medida cautelar 376-15 lleva seis años incumplida y eso pone en riesgo la salud física y mental de Irene y su mamá, que debe suplir algunos de estos apoyos.

Hoy Irene tiene 19 años y cursa el último año de la secundaria en la Escuela Normal Superior de Alta Gracia y quiere ser comunicadora social. En 2019, la directora y periodista Verónica González Bonet, ex integrante de la Red por los Derechos de las Personas Discapacitadas (REDI), filmó un documental durante tres días sobre la vida de Irene, su familia, sus amigas y compañeros, mostrando su realidad y la falta de apoyo por parte de la mutual APROSS en su vida.

La joven nació con parálisis cerebral, se desplaza en silla de ruedas, tiene disminución visual, auditiva y no verbaliza, así que se comunica utilizando dispositivos de comunicación -una tablet-. Necesita múltiples colaboraciones para su vida: para asearse, movilizarse, alimentarse, poder expresar lo que quiere, para estudiar, para participar de actividades sociales y recreativas, en definitiva, para todas las actividades que realiza cualquier chica de su edad. Ella toma sus propias decisiones, pero necesita ayuda para poder llevarlas adelante.

La cautelar

Es una herramienta de protección usada en casos de gravedad y urgencia, en la que exige al Estado de Argentina que garantice el que Irene, una niña de 12 años-en ese entonces- con discapacidad, pueda recibir los apoyos que le sean necesarias para asegurar su desarrollo integral.

Respondiendo la solicitud de medidas cautelares presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la CIDH expresó que Irene precisa de acompañamientos terapéuticos que le permitan ir a la escuela, considerando necesario que el Estado adopte las medidas necesarias para solventar esta situación, algo que la familia de Irene lleva reclamando judicialmente desde 2005.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad le pidió a Argentina con anterioridad que desarrollara “una política educativa integral que garantice el derecho a la educación inclusiva y que asigne recursos presupuestarios suficientes para avanzar en el establecimiento de un sistema de educación incluyente de estudiantes con discapacidad”.

No obstante, el caso de Irene evidencia la falta de respuesta de Argentina ante la situación de niños y niñas con discapacidad y, en particular, con las circunstancias de Irene, pese a los once años de gestiones administrativas y judiciales para solventarlas. “La educación tiene un rol esencial en el desarrollo de los niños y las niñas y el Estado tiene la obligación de garantizarles el acceso efectivo. En el caso de Irene, eso se traduce en darle de
manera regular los apoyos necesarios para que pueda ir a la escuela”, explicó Liliana Tojo, Directora de CEJIL para el Cono Sur y Bolivia.

La Comisión ordenó al Estado argentino a que coordine con Irene y su familia la forma de adoptar las medidas necesarias para que se garantice el acceso a los apoyos indispensables para que Irene pueda ejercer el derecho a la educación, algo esencial para su formación. “Celebramos y aplaudimos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se haya hecho eco del reclamo de Irene y su familia. El objetivo de este trabajo conjunto de REDI y CEJIL fue llevar el derecho a la educación inclusiva, con todos los apoyos necesarios y obligatorios, hasta las máximas instancias de los sistemas de protección de derechos humanos”, manifestó ⁠Iñaki Regueiro De Giacomi, abogado de REDI, seis años atrás.

“Creemos que hoy la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional, fue aplicada y esperamos que con esto los gobiernos se comprometan finalmente a hacer totalmente efectivos los derechos que garantiza. Queremos que esto sirva para nunca más nadie tenga que pasar por lo que tuvo que pasar esta familia», concluyó.

 

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