Se conoció la resolución del caso Bonfigli, condenado por exacciones ilegales

La Cámara Quinta del Crimen señaló que se comprobó que el exintendente de la ciudad de Alta Gracia Mario Alberto Bonfigli pidió 50 mil pesos “a cambio de claudicar en el ejercicio del poder público que podía impedir el funcionamiento” de la empresa Jumagra al que numerosos vecinos se oponían, informó la Justicia.

El tribunal dio a conocer los fundamentos de la sentencia por medio de la cual, por mayoría, Bonfigli fue condenado a dos años y seis meses de prisión en forma de ejecución condicional y a tres años de inhabilitación especial para ejercer funciones públicas por la comisión del delito de exacciones ilegales. Dos de los jurados populares que integraron el tribunal votaron a favor de la absolución del imputado.

Otra condena

Por su parte, por unanimidad, se le impuso la misma pena a Eugenio René Coggiola, exasesor letrado del municipio.
A fines de julio de 2005, Bonfigli y Coggiola “habrían acordado, abusando de la condición de funcionarios públicos, solicitar indebidamente al abogado Alejandro Zeverin Escribano, en su carácter de apoderado de la empresa Jumagra S. A., la suma de 50 mil pesos, a efectos de poner fin al juicio”, de acuerdo con la resolución.

En esa causa, la empresa destinada al engorde de ganado vacuno en corral había promovido una acción de amparo y había obtenido una medida cautelar de no innovar con el fin de que el Estado se abstuviese de inmiscuirse en su emprendimiento productivo por considerar que estaba situado fuera del ejido municipal.

En la resolución se indicó que Coggiola antes del veredicto ratificó que “Bonfigli estuvo constantemente al tanto de todos sus actos en este tema” y que “cada una de las acciones que había desarrollado fueron la ejecución de las directivas impartidas por Bonfigli”.

En efecto, en virtud de la prueba recolectada, la Cámara tuvo por demostrado que, a cambio del dinero, “Coggiola entregaba a Zeverin un escrito en el que el intendente ponía fin a la controversia por la acción de amparo articulada contra la aplicación de la ordenanza 7.177 y aceptaba que la cuestión quedara sujeta a lo que resolviera la Agencia Córdoba Ambiente”.

Preguntas

Los miembros del tribunal se preguntaron “por qué Bonfigli renunció a ejercer el poder público que protegiera el bienestar de los vecinos que se oponían al emprendimiento de Jumagra” por razones ambientales.

“Jumagra no obtenía nada valioso si se limitaba a ‘donar indocumentadamente’ ese dinero; del mismo modo, Alta Gracia no obtenía nada conveniente al renunciar a ejercer su potestad pública en el conflicto del modo en que lo hizo a raíz del acuerdo que Bonfigli firmó”, afirmaron en otro tramo resaltado por la Justicia provincial.

En la misma dirección, en la resolución se insistió en que el convenio, lejos de quitarle un problema al intendente, se lo “acrecentaría” debido a las quejas y protestas de los vecinos. Esta fue una “razón de más para ocultar al público la contrapartida del acuerdo que (Bonfigli) suscribió ese día”.

“La evidente falta de necesidad de suscribir ese convenio, su clara inconveniencia para la Municipalidad de Alta Gracia es lo que, de modo más vehemente, delata el conocimiento –por Bonfigli- de que Jumagra entregaría algo a cambio suyo: los 50 mil pesos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el estudio jurídico de Zeverin: Coggiola le entregó el escrito del acuerdo a cambio del dinero”, esgrimieron.

El tribunal estuvo compuesto por tres jueces técnicos (los camaristas Enrique Paoloni, Mónica Traballini y Guillermo Lucero Offredi) y por ocho jurados populares.

Respecto a Bonfligli, dos jurados populares concluyeron que no estaba “suficientemente acreditado que haya tenido la intervención que se le atribuye”, razón por la que votaron a favor de su absolución.

Fuente: La Voz del Interior

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