El intendente de Córdoba, Ramón Mestre, buscó dar una solución integral al problema de la deposición final y tratamiento de los residuos, en cooperación con la Provincia. En ese entonces, fue el exgobernador José Manuel de la Sota quien se comprometió a expropiar terrenos situados entre las rutas 5 y 36 para la construcción de la nueva planta.
Nació Cormecor, el ente metropolitano que tendría como socio mayoritario al municipio capitalino. La historia del organismo estuvo marcada por el derrotero judicial que bloqueó la utilización de las hectáreas cedidas. Como se sabe, una serie de amparos de vecinos de Villa Parque Santa Ana impidieron al titular del Palacio 6 de Julio comenzar con el proyecto que en 2016 requería $447 millones y llegó a licitar.
El acuerdo con los oferentes implicaba la concesión para manejar 55 toneladas de desperdicios por los próximos 30 años.
Mestre realizó inversiones complementarias en el actual vertedero de Piedras Blancas. Abrió una fosa complementaria que recibiría la basura de los cordobeses y sólo de los municipios asociados a Cormecor. Varios intendentes de Sierras Chicas calificaron la condición de “extorsiva”, pero aceptaron. Expusieron que la basura es un problema que requiere de soluciones planificadas y extender la vida útil del predio abierto por Daniel Giacomino dentro del ejido urbano cordobés asomó como la única alternativa.
Ahora bien, son varios los intendentes que están esperando que el radical entregue el gobierno de la principal ciudad del interior de país al peronista Martín Llaryora para salirse de Cormecor.
En concreto, los mismos jefes comunales que buscaban alternativas -durante el proceso judicial que terminó con el pedido de no innovar en los terrenos adquiridos para el nuevo complejo ambiental- se encuentran triangulando otros proyectos para una gestión integral de los residuos del área metropolitana de Córdoba. Uno de ellos es el titular de Mendiolaza, Daniel Salibi.
Según informan jefes comunales consultados, Martín Llaryora es parte de este pelotón de jefes políticos que priorizarán la gestión ambiental, en especial, porque la ampliación que hizo el mestrismo estaría encontrando su tope. Entre radicales del municipio aún se escucha que, con suerte, podrán recibir la basura hasta marzo o abril. Cierto es que el anunciado fin de la capacidad de Piedras Blancas se escuchó tantas veces que las versiones apocalípticas pierden espectacularidad.
Como sea, trascendió que una decena de intendentes se encuentran avocados a la creación de un nuevo ente metropolitano para buscar soluciones a largo plazo y habrían contado con la buena disposición de Llaryora para trabajar en equipo. En principio, afirman que Piedras Blancas puede ampliarse si se utilizan terrenos colindantes que suman 80 hectáreas. La primera etapa se focalizaría en sólo 30.
Actualmente, Cormecor cobra por el enterramiento un promedio de $1.100 la tonelada y actualmente recibe 55 mil toneladas mensuales. “En realidad, el margen del ahorro nos preocupa, la prioridad es encontrar una solución definitiva. El ahorro debemos hacerlo en los municipios tratando de la gente saque menor cantidad de residuos, a través de campañas de concientización”, opinó el radical Salibi al ser consultado por el tema.
“Esto es que podemos organizar en conjunto con un ente armado y representado por los intendentes. No es que se esté en contra de Cormecor pero no se está teniendo una solución y los tiempos apremian”, definió.
La apuesta sería más ambiciosa. Ya trascendió que la Provincia planea gestionar el sistema de transporte de manera integral con las ciudades periféricas a Córdoba.
“El ente metropolitano también va ser muy útil para consensuar transporte, seguridad, salud, educación y obras”, cerró Salibi quien sugiere la creación de un fondo coparticipable como tiene Buenos Aires.