En la mañana del viernes, un nutrido grupo de efectivos policiales y de la Guardia de Infantería se hizo presente en la zona de Villa de Río (Anisacate) a los fines de llevar adelante una orden de la Fiscalía de Alta Gracia que ordenaba hacer un relevamientos de los inmuebles y las personas que se encontraran en las trece manzanas que están en litigio entre los vecinos allí instalados y la empresa Impetra S.A., que aduce la posesión de dichos terrenos.

El operativo estuvo encabezado por el Comisario Mayor Rodolfo González, quien mantuvo un tenso diálogo con un grupo de vecinos que pidieron explicaciones sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo. Una vez finalizada la charla, el Jefe de la Departamental dialogó para los micrófonos de «Todo Pasa», de la 88.9 y Resumen de la Región, informando de la situación: «se trata de gente que está ocupando un lugar, pero hay órdenes de la Fiscalía. Te encontrás con gente que se nota necesita las tierras para vivir, pero también con presuntos avezados del Derecho que se conocen todos los vericuetos legales».

En otro tramo de la nota, el Comisario expresó que «uno como policía, no es integrante de la Justicia y tratar de hacerle entender a la gente que haga lo posible por no entorpecer el procedimiento policial para hacer un relevamiento. Para eso tengo que entrar, tengo que identificar a todas las personas que haya dentro. Tengo una orden bastante amplia de Fiscalía, tengo nombres de personas por el delito de Turbación de la Posesión, tengo que hacer un relevamiento de todas las personas que hay en el lugar y si existiera una personas más dentro también la tengo que notificar de este delito. También tengo que hacer una inspección ocular de todos los elementos que hay aquí. La empresa tiene autorización para un trabajo de desmalezamiento de cada una de las casas. El fiscal no me ha autorizado para derribar viviendas, solo para desmalezamiento, apertura de calles y las inspecciones oculares».

Por su parte Esteban Villamarín, uno de los vecinos sobre quienes recae la orden judicial, aduce que «hay una situación de hecho que indica que hay gente que están viviendo en la zona desde hace mucho tiempo y hay una sociedad anónima que a partir de un negociado turbio dicen ser los dueños de estos terrenos. La policía, por orden del fiscal, vino a hacer un relevamiento, pero en realidad, sin ninguna orden de allanamiento están procediendo a desmalezar y a destruir nuestras viviendas y nuestras propiedades. No tienen orden alguna para meterse en los terrenos de otros para arrasar con nuestras cosas y nuestro jardín. Es gente que quiere quedarse con las tierras de los vecinos, a cualquier precio. Nosotros estamos amparados en la legislación nacional sobre el tema. La empresa viene a robarnos las tierras. Vamos a presentarnos en la comisaría como lo ordena el fiscal y luego vamos a hacer la correspondiente denuncia».