En un hecho que está generando el repudio en gran parte de la población, el Gobierno Nacional empezó a dar de baja las pensiones no contributivas por discapacidad sin previo aviso. Desde el Ministerio de Desarrollo de la Nación desempolvaron un decreto del año 1997 a través del cual se podían quitar las pensiones por “invalidez” desconociendo, de este modo, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos.
Según se publica en medios de tirada nacional se quitó la ayuda social a beneficiarios cuyo tutor responsable, cónyuge o consanguíneo obligado perciba un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas, es decir, de 19.200 pesos por mes.
Quienes tienen un bien a su nombre, como un auto. Independientemente que este sea indispensable para garantizar la movilidad del discapacitado.
Aquella persona con discapacidad cuyo cónyuge cobre una pensión o jubilación, incluso la mínima de 6.377 pesos. Con este último monto, la norma a la que se ciñe Desarrollo Social considera que un discapacitado y su pareja pueden vivir sin caer en la pobreza.
“Estamos muy preocupados”
De esta manera se refirió Miryam Flamand referente del Observatorio de las Personas con Discapacidad Paravachasca quien aseguró que desde el organismo se están pensando acciones para llevar adelante para expresar el malestar que generó esta medida. “Estamos muy preocupados y con un gran malestar porque en realidad afecta mucho a las personas que menos tienen. Vino muchas gente a consultarnos sobre la situación de cada uno, sobre todo, de acuerdo a la información que estamos recabando, la pérdida de la pensión cuando un familiar tiene un sueldo”, dijo.
Quienes cobran esta pensión no contributiva, cuyo monto es de aproximadamente 4.700 pesos, además acceden a un sistema de salud. “Las personas con discapacidad tienen esa pensión también para poder acceder a sus tratamientos y rehabilitaciones. Con esa pensión se garantizaba la salud dentro del Programa Incluir Salud. Qué va a pasar con ellos?. El sistema de salud público no tiene la capacidad para atender todos los tipos de rehabilitaciones. Es muy grave todo esto”, dijo Flamand. Por el momento no hay registros sobre si en la ciudad han caído pensiones ya que este dato se podrá corroborar el mes próximo. Entre las acciones que se piensan seguir no se descartan marchas y notas a legisladores tanto provinciales y nacionales.
El comunicado del Observatorio de Discapacidad Paravachasca
A la inversa de la facilidad con la que funcionarios del Gobierno Nacional se expresan, se nos hace muy difícil esbozar algunas palabras para describir la indignación que nos produce escuchar semejantes declaraciones sobre Discapacidad y Pensiones.
Lamentamos tener que oír a las personas que tienen la responsabilidad de velar por los intereses y necesidades del pueblo expresarse con tanta liviandad, más aún teniendo en cuenta del tema crítico al cual están haciendo referencia.
Para los que todavía no se anoticiaron, el Gobierno Nacional decidió mediante un decreto dar de baja a las Pensiones Asistenciales por discapacidad, un beneficio que alcanza a casi 1,4 millones de personas, entre ellas hombres , mujeres , jóvenes , niños y ancianos con distintas discapacidades, que van a dejar de percibir quizás el sostén más importante de su economía y lo van a hacer en un contexto de recortes, ajustes, desempleo y subas de tarifas e inflación descontrolada en los productos básicos.
Repudiamos más aún los argumentos esgrimidos por los funcionarios para justificar tal insensible medida y citamos solo uno que creemos alcanza a los fines de la presente nota:
‘’ Una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación Universal por hijo’’
No existen motivos ni argumentos para justificar dichos como estos, que expresan por un lado y sin ningún pudor una extremada ignorancia acerca de una condición que sólo las personas que la padecen y sus familias podrían relatar, donde la realidad contradice esa ‘’facilidad para trabajar si lo desean’’, y por otro lado una falta de empatía, sensibilidad social y de conocimiento de la vida cotidiana de estos ciudadanos, que padecen a diario una lucha por sus derechos, por la accesibilidad, por la inclusión, por sostener a sus familias, que esta medida torna en inalcanzables los tratamientos y medicamentos a los que accedían, dejando a miles de familias desamparadas.
Repudiamos totalmente esta medida arbitraria, desmedida y discriminatoria, que sólo tiene en cuenta costos económicos y deja de lado las variables más importantes que debe tener en cuenta un Estado que son las personas.
Nos solidarizamos con todos y cada uno de los afectados.
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