La decisión que acaba de tomar la Secretaría Electoral Federal en base a la denuncia que efectuaron 20 personas contra el jefe comunal de La Paisanita, Ignacio Sala, brinda un poco de luz sobre una causa que tuvo muchos claroscuros. La novedad, por estos días, está dada por la decisión de esta Secretaria ya que ha resuelto investigar una situación “curiosa y no ajustada a derecho” que tiene que ver con los domicilios de quienes efectuaron esta denuncia. Debido a ésto, serán citadas aquellas personas que firmaron la revocatoria para clarificar la situación ya que se ha comprobado mediante una investigación en la que participó la Policía y la Justicia, que gran parte de ellos, no viven en el lugar al que hacen referencia.
“El pedido de los vecinos, que aun no tuvo éxito, lleva solo la firma de 20 personas que supuestamente son de la Comuna La Paisanita y La Isla. Grande fue la sorpresa cuando se receptaron pruebas que de esas personas el 40% no vive en los lugares mencionados”, afirmó la doctora Lucrecia Bustos, desde el departamento legales del Pro; y agrega: “pero además tampoco lo hicieron nunca y no tienen bienes ahí ni los tuvieron jamás”, resaltó y aclaró que ellos conforman falsamente en número que se necesitaría para iniciar el proceso de la 8102.
Podrían ir a prisión
Con motivo de esta comprobación, se ha iniciado un proceso de investigación que ya ha dado sus primeros resultados en testimonios y pruebas recabados durante el último fin de semana por personal policial. “Los apoderados del Pro están dispuestos a ir a fondo ya que son varios los delitos que pudieran estar conexos en esta avanzada de revocatoria manipulada por el ex tesorero Sergio Giachino quien -a la fecha- se encuentra imputado por delitos mientras era funcionario comunal a cargo de los recursos comunales”, señalaron desde el partido.
Es importante señalar que la ley electoral Nº 19.945, en su articulo 137, establece: «se impondrá prisión de seis (6) meses a tres (3) años, si no resultare un delito más severamente penado, al elector que se inscribiere más de una vez, o lo hiciere con documentos apócrifos, anulados o ajenos, o denunciare domicilio falso”, situación que ya estaría probada debido a que estas personas se domiciliarían en la ciudad de Alta Gracia y nada tienen que ver con dicha comuna. “La policía ya estuvo -incluso- en sus domicilios recabando información y pueden ser pasibles de que se le aplique la ley penal. En tal caso podrían ser incluso sentenciados a prisión”, agregó la letrada.
Falsedad ideológica en documento público es el otro delito que les compete a los firmantes como electores que lo hicieron con un falso domicilio; “en este caso que nos compete el daño es claro y el riesgo es real: con la firma de electores con domicilio falso se pretende llegar al total de electores requerido para abrir el proceso de revocatoria. Este delito no es federal y se encuentra en el Código Penal. En las próximas horas estarían presentando estos cargos en la fiscalía”, manifestó Bustos.
Por otra parte cabe destacar que los letrados que defienden la Comuna de Cambiemos están también preparando artillería jurídica para hacer una demanda de calumnias e injurias a muchos de los dichos que aparentan ser fundamentos ya que tendrían la prueba “que son falsas de manera absoluta”.
Foto: Ignacio Sala en fm 88.9
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