Los intentos por transparentar el patrimonio de los líderes sindicales se estancan en el Congreso argentino, dejando a la vista un vacío normativo. A lo largo de dos décadas, varios proyectos han sido presentados, pero ninguno ha sido tratado.
El primer proyecto, presentado por Fernando Iglesias en 2008, proponía elecciones supervisadas y limitaciones a las actividades empresariales de los sindicalistas, pero perdió estado parlamentario sin ser debatido. Otro intento en 2016, liderado por Fernando Sánchez de la Coalición Cívica, tampoco logró avances; incluso, una sugerencia durante la gestión de Mauricio Macri en 2017 de incluir en la reforma de la Ley de Ética un capítulo sobre transparencia sindical fue abandonada. Luego, en 2022, Graciela Ocaña propuso hacer públicas las declaraciones juradas de los líderes sindicales, sin éxito. El último intento, en 2024, nuevamente liderado por Fernando Iglesias, aún no ha sido tratado en el Congreso.
Los defensores de la transparencia argumentan que los sindicatos son entidades públicas no estatales, que manejan fondos privados pero de interés público, que alcanzaron hasta 805 mil millones de pesos a través de las obras sociales durante la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, los opositores advierten que interferir en su independencia podría afectar la autonomía sindical.
Mientras tanto, las declaraciones juradas de algunos líderes sindicales, obtenidas gracias a que forman parte del congreso, e informadas por la Oficina Anticorrupción según los últimos datos disponibles hasta 2022, revelan un patrimonio considerable, aunque la opacidad persiste en la mayoría de los casos:
- Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA): $4.208.000.
- Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria: $16.761.000.
- Mario “Paco” Manrique, secretario adjunto de Smata: $24.414.000.
- Carlos Cisneros, dirigente gremial de La Bancaria: $125.000.000.
En Argentina, convertirse en secretario general de un sindicato puede ser más difícil que aspirar a la presidencia nacional debido a las restricciones excesivas, incluso contrarias a la Constitución, impuestas por algunos estatutos, a menudo en el marco de acuerdos políticos entre los principales partidos. Algunos dirigentes mantienen su posición debido a la falta de regulaciones que limiten su permanencia en el cargo. Esta situación, conocida como «el imperio de la lista única», dificulta la formación de listas opositoras en las elecciones sindicales y entorpece la democratización del proceso electoral.
El sindicalismo en nuestro país es el poder detrás del poder, ya que mientras la ciudadanía vota cada cuatro años por cambios o continuidad en el poder ejecutivo y legislativo de manera intercalada, en los sindicatos está instalada la certeza de que las elecciones son una parodia donde siempre se eligen los mismos desde hace décadas, o transfieren su influencia a sus hijos como si fuese una especie de “nobleza” criolla que goza de cargos hereditarios. Aunque el poder cambie en La Rosada y en el Congreso, los sindicatos se mantienen fuera de las reglas de alternancia, debate público y transparencia que hacen de la democracia un sistema viable.
Algunos ejemplos:
Amadeo Genta pertenece al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba) lleva 41 años en el cargo.
Luis Barrionuevo dirige la Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) hace 39 años.
Rodolfo Daer está al mando del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) desde hace 39 años.
Armando Cavalieri representa al Sindicato de Empleados de Comercio hace 38 años.
José Luis Lingeri del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias lleva 38 años en el cargo.
Hugo Moyano es histórico líder del gremio de Camioneros hace 34 años.
Gerardo Martínez encabeza la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) desde hace 34 años.
Andrés Rodríguez dirige la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) hace 34 años.
Julio Piumato de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) está en el cargo desde hace 34 años.
¿Y por casa cómo andamos? En Alta Gracia también hay históricos conductores sindicales, como Gabriel Medina a la cabeza del SITRAMAG (quien además fue concejal durante un período sin dejar el cargo sindical) y Omar Godoy en el SECAG (Sindicato de Empleados de Comercio de Alta Gracia), y ambos contabilizan en su haber una permanencia de décadas en sus sindicatos. Todo un logro de victorias electorales que más de un político quisiera poder tener en su currículum.
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