Irene Cuevas es una joven altagraciense de 19 años que comienza su último año en la Escuela Normal Superior de Alta Gracia, ubicada afortunadamente casi al frente de su vivienda.
Y decimos «afortunadamente» ya que Irene se moviliza en una silla de ruedas, tiene discapacidad visual, auditiva y habla a través de su computadora o celular.
Lamentablemente, ella no puede ni movilizarse ni comunicarse sin asistencia: requiere de cinco asistentes personales, enfermería las 24 horas de lunes a domingo y también cinco docentes de apoyo. Para estudiar, Irene necesita que sus docentes amplíen los caracteres en los contenidos, sin considerar su disminución visual ella no puede leer. Además, es preciso que hagan adecuaciones de acceso, es decir, que modifiquen evaluaciones para que en vez de desarrollar respuestas largas, ella pueda responder mediante múltiple choice o empleando respuestas sintéticas. Así, los y las docentes pueden evaluar sus saberes. Hoy cuenta con tres maestras de apoyo que deberán adecuar los contenidos de las trece materias que deberá cursar. Y quiere ser comunicadora más alla de todo.
Once meses atrás se estrenaba un documental sobre su vida, hecho por la directora y periodista Verónica González Bonet, ex integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI). El documental se filmó durante tres días, en el año 2019. Bonet viajó hasta aquí para tomar testimonios de su familia, sus compañeros, sus maestros y acompañantes terapeúticos. No sólo se basó en la falta de acompañamiento del Estado sino también en sus relaciones con sus familiares, amigos, compañeros, profesores, en la inclusión social. La producción audiovisual se estrenó primero para un público reducido a través de la plataforma Zoom y luego fue promovida para el público en general. El audiovisual cuenta con audiodescripción para personas ciegas y subtitulado para personas sordas.
Su mamá, Alicia Maurelli, quien es además, contadora, es quien suple la falta de profesionales que no dispone la mutual. Irene y su familia, siguen luchándola para que APROSS cumpla con todo lo que deben darle para que ella pueda hacer su vida lo más cómoda posible. Incluso en el 2016, intervenino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió una medida cautelar que ordenó al Estado argentino brindarle las prestaciones necesarias bajo estándares internacionales para su inclusión socioeducativa.
Maurelli relató a RESUMEN: «En agosto del año pasado conseguimos a través de un trámite, que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) nos diera una nueva silla de ruedas-Irene usaba una para una nena de 11 años y ya tenía 18-, una nueva notebook y un bipedestador -para poder pararse-«.
Pero agregó: «APROSS sigue negando o reduciendo los servicios, ofrece abonar sólo un parte de los mismos y es tanta la inflación que los profesionales no quieren tomar el trabajo. Irene está sin kinesiológa desde hace meses y no tiene asistentes para la escuela. La mayoría del trabajo recae en los terapuetas que se quedaron de onda esperando que yo gane alguna pelea. Los honorarios de los profesionales son de 150 mil pesos por mes y la mutual sólo abona el 70 por ciento, yo debería pagar unos 30 mil restantes, pero lo que gano es para comer, pagar impuestos, subsistir» .
Un año más e Irene sigue peléandola para tener una mejor calidad de vida, para que la mutual y el Estado cumplan con sus roles.
Fuentes: Resumen de la Región y El Grito del Sur
Foto: El Grito del Sur
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