El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, se declaró incompetente para entender en la denuncia penal que presentó el padre de Solange Musse, la mujer de 35 años que murió sin poder despedirse de él, para que se investigue las responsabilidades de las autoridades provinciales al negarle el ingreso a la provincia en primera instancia.
De este modo, remitió la causa de forma inmediata a la Justicia provincial de la localidad de Huinca Renancó para que instruya la causa, ya que los supuestos delitos que se denuncian –abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, privación ilegal de la libertad calificada- habrían ocurrido en ese sector de la provincia.
Lo que dijeron la fiscal y el juez
En su dictamen, el juez compartió los argumentos de la fiscal de Río Cuarto, Alicia Cena, de que la Legislatura de Córdoba adhirió a la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional. También remarcó que el Ministerio de Salud de Córdoba, mediante el decreto 311/20 del 14 de marzo, dispuso la creación del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), órgano constituido con representación policial, gubernamental, de la salud y otros sectores en el ámbito provincial.
La fiscal indicó que son ellos los encargados de dictar la normativa para coordinar las acciones del actual sistema de comando de incidentes en el ámbito territorial, e indicó que la autoridad de aplicación del DNU en la provincia de Córdoba es el Ministerio de Salud y el COE, autoridad que no le permitió el ingreso a Musse.
“Claramente, el denunciante busca determinar la posible ‘cadena de responsabilidad’ respecto al no cumplimiento de las normas reguladas por el Protocolo 48 –dictadas por la provincia en el ámbito de su competencia, y en consecuencia, la investigación de los delitos denunciados que pudieron haber cometido los funcionarios del Centro de Operaciones de Emergencia” y/o personal policial de Córdoba actuante en el marco del aislamiento (…) en violación al mencionado documento”, corresponde a la Justicia de Huinca Renancó instruir la causa, dictaminó la fiscal.
Y señaló, por lo tanto, que la Justicia federal es incompetente para entender en la presente causa y pidió la remisión al fuero provincial. El juez analizó los argumentos de la fiscal y ordenó el envío de la causa a la Justicia provincial.
“Debo adelantar que comparto los términos del dictamen fiscal, en cuanto los hechos denunciados no constituyen un supuesto de los comprendidos en la competencia federal», indicó.
«Así, atendiendo a la naturaleza y características de los mismos, se trataría de presuntos delitos cometidos por funcionarios que responden a organismos dependientes del Gobierno de la provincia de Córdoba (COE. y Policía), en el marco de normativas dictadas en el ámbito de la competencia provincial; motivo por el cual, no se vislumbra la interferencia o afectación de interés federal que habilite la competencia de esta jurisdicción”, agregó Ochoa.
La denuncia
La familia busca determinar la posible «cadena de responsabilidades», partiendo desde «la primera». «Es que se le pide a la Justicia indagar si el COE (Centro de Operaciones de Emergencia de Córdoba) violó, como creemos, el protocolo”, añadió el abogado de los Musse, Carlos Nayi.
Los padres también habían presentaron una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, contra la presunta violación de garantías nacionales e internacionales y habían solicitado que el Gobierno suspendiera las restricciones a la “libertad ambulatoria”.
Fuente: La Voz
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