A raíz de la presentación judicial ingresada en marzo a Tribunales por el concejal de la UCR Leandro Morer por “daños personales” que involucraba a Raúl Tamborenea, empleado municipal, sospechado de manejar distintas cuentas en la red social facebook “para direccionar algunos temas y dañando la intimidad de personas”, se realizó a los pocos días, un allanamiento en el domicilio y se le secuestró computadoras, teléfonos celulares y todo lo que pueda formar parte del delito.
Durante la sesión del Concejo del pasado miércoles, el edil radical Roberto Brunengo hizo pública la resolución del fiscal Alejandro Peralta Otonello (con fecha 7 de julio), que es quien lleva adelante la investigación y que determina que se comprobó que el perfil falso utilizado en la red social para estos dichos corresponde a Raúl Tamborenea. Esto se enmarcaría en un hecho de “injurias” que el denunciante (Morer) deberá dirimir en otra instancia judicial en la ciudad de Córdoba, ya que la fiscalía local no tiene competencia en eso.
En realidad, además de Tamborenea, está involucrada su esposa (María Martínez), como propietaria de parte de las máquinas y ella también es empleada de este municipio.
Se van
Más allá de los discursos y polémicas encendidas, hay un hecho: las dos personas que la justicia determinó como vinculadas a las cuentas de “Mario Esperanza” e “Incrédulo AG”, son beneficiados por un sueldo de 11 mil pesos cada uno de parte del Municipio, por lo menos, desde enero de 2017. Percibiendo un total de 22 mil pesos, hay bastante misterio acerca de las tareas que realizan; o, por lo menos, silencio. Por un lado los funcionarios que firmaron el “memo” que certifica el cumplimiento de las tareas desempeñadas mes a mes, no han querido hacer declaraciones al respecto: Cristina Roca, Secretaria de Gestión Administrativa, bajo cuya firma se desempeña Raúl Tamborenea e Iván Poletta, Secretario de Servicios Públicos, en cuya órbita realizaría actividades María Martínez. Por otro lado, ningún empleado municipal, hasta ahora, ha dado testimonio de haber compartido espacios o tareas con ellos. Los contratos están; los memos también, acompañados por las facturas de ambos contratados.
El único que se expresó al respecto, el mismo miércoles, fue el Secretario de Gobierno, Marcos Torres, quien aclaró: «El municipio no tiene nada que ver con la denuncia de Morer. Con respecto a esta persona (quien presta servicios en el área de informática) se verá cómo continúa su relación contractual. Si alguien que presta servicios comete un delito, nosotros no somos responsables de eso».
Frente a este hecho, más allá de todo malestar político de concejales de ambos bloques, según lo trascendido, varios dirigentes pedirían la rescisión de todo contrato tanto con Tamborenea como con Martínez, por haberse demostrado su involucración a las publicaciones injuriosas y polémicas (además de caracterizarse por su elevado contenido político).
Así que, mientras la justicia sigue investigando el rol de algunos funcionarios de Upc, todo indica que el matrimonio “Anonymus” sería desvinculado en los próximos días de la relación con el Municipio. Desde el radicalismo, en tanto, aclararon que el asunto no terminaría con el desahogo en el Concejo Deliberante y se espera ver qué acciones emprenderá Morer con respecto a lo privado.
Esta mañana, el Asesor Letrado Daniel Villar, confirmó a RESUMEN que el Intendente Torres ya habría decidido desvincular a los dos dos contratados, «para no entorpecer la investigación».
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