Motochorros: El Gobierno apoyó la orden de cerrar «la puerta giratoria»

En la misma red social sumó su apoyo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich : «Bien por el Dr. Casal. Con esta medida se termina la impunidad de la que gozaban los motochorros. Ahora las fuerzas y policías saben que su trabajo no será en vano, y que los delincuentes quedarán presos. Se termina la puerta giratoria para motochorros. El que las hace las paga».

En las últimas semanas algunos fallos judiciales causaron inquietud social y malestar en el Gobierno. La llamada puerta giratoria quedó expuesta por los beneficios obtenidos por delincuentes con reiteradas denuncias en su contra, como el caso del motochorro liberado con una probation que incluyó el pago de $700 como forma de indemnización moral a la víctima y con la situación del ladrón motorizado que atacó nueve veces en pocas horas sin pasar más de un día detenido. Las autoridades están preocupadas por la liviandad con que se otorgan las excarcelaciones y consideran que poco ayudan esas sentencias en el objetivo de bajar los índices de delitos, al quedar los responsables de un robo inmediatamente en la calle. Frente a ese problema, el procurador Casal ordenó a los fiscales que se opongan a la suspensión de juicios a pruebas en casos de motochorros.

Casal emitió una resolución en la que se instruye a los fiscales para evitar las excarcelaciones mediante probation en casos de robos violentos o reiterados.

«Los fiscales deben prestar especial atención a todas las pautas señaladas precedentemente a la hora de emitir opinión en punto a su concesión (de la suspensión del juicio a prueba) respecto de ciertas formas de criminalidad que al poner en riesgo bienes jurídicos esenciales, afectan seriamente la confianza del público en las instituciones del Estado, en especial cuando se trata de fenómenos que exponen una tendencia a la repetición mecánica del delito en períodos relativamente cortos, lo que permite distinguirlos de la simple delincuencia ocasional», señaló Casal en su resolución.

Y agregó: «Tal es la situación que actualmente se presenta con los arrebatos cometidos con violencia en zona poblada, que involucran peligro para la integridad física de las víctimas, en especial cuando se emplean de manera concertada vehículos que incrementan esos riesgos al tiempo que dificultan la prevención y, más aún, la captura de sus autores con la expectativa de impunidad que favorece la reiterancia». Los fiscales deberán entonces apelar en todas las instancias posibles en caso de ser otorgada una suspensión de juicio a prueba a un motochorro.

El procurador Casal citó en su escrito las estadísticas criminales elaboradas por el mapa del delito de la ciudad de Buenos Aires. Y esos datos apuntalan el temor colectivo que las autoridades políticas y judiciales intentan disminuir: en 2018 se realizaron 11.166 denuncias por ataques de motochorros, con un aumento del 3% con relación a 2017.

Los vecinos sufren cada día más de 30 ataques de motochorros. Aquellos que son detenidos quedan en libertad en menos de 48 horas. Y en mucho casos, vuelven a ser atrapados. Para salir nuevamente en libertad. La orden del procurador busca cerrar esa puerta giratoria.