Algo más de un millón de personas están expuestas a graves riesgos de inundación en 32 ciudades de Argentina, especialmente en áreas marginales e informales, en un contexto de cambio climático con desborde de ríos y lluvias cada vez más intensas y frecuentes que ya dejaron bajo el agua a pueblos y localidades de 11 provincias.
Las inundaciones ocurren por una combinación de diversos factores: El desmonte de bosques nativos, el monocultivo, el crecimiento desparejo de las ciudades, el avance de negocios inmobiliarios sobre áreas protegidas son algunos, y todos enmarcados en una transformación global del clima que -en el caso de Argentina- volvió más feroces las tormentas y más impredecibles los ríos.
Según datos oficiales, sólo en el 2016 se produjeron pérdidas por 1.300.000 dólares y 72.119 personas sufrieron el castigo de las inundaciones.
Los científicos y académicos Vicente Barros e Inés Camilloni, miembros del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA-UBA-CONICET), resaltaron que el 90% del total de la población está concentrada en unos 800 centros urbanos, la mayoría de ellos ubicados en inmediaciones de ríos o en zonas bajas e inundables.
Por eso, en una exhaustiva investigación que quedó plasmada en el libro «La Argentina y el Cambio Climático. De la Física a la Política», Barros y Camilloni advirtieron que algo más de un millón de personas está expuesta a riesgos de inundación en 32 ciudades del país.
Los casos de mayor vulnerabilidad se dan en poblaciones ubicadas en la Cuenca del Plata, que abarca los valles naturales de inundación de los ríos Pilcomayo, Paraguay, Paraná y Uruguay y sus afluentes, ocupados por sectores humildes o de clase media baja, al igual que las zonas anegadizas del Litoral. También se trata de los pueblos rurales de la región pampeana y las comunidades del Noroeste (Santiago del Estero, Tucumán y Salta).
En diálogo con Télam, Barros apuntó que «los desastres son el resultado entre la interacción de los episodios climáticos y la vulnerabilidad y exposición de las poblaciones afectadas».
El director Nacional de Análisis de Riesgos del Ministerio de Seguridad, Oscar Moscardini, consideró que «seguramente son más de dos millones» las personas perjudicadas «directa o indirectamente» por las inundaciones. Por un lado está el que tuvo que dejar su casa, el que perdió sus bienes o todo lo que tenía, y por el otro el que perdió su trabajo o la posibilidad de dar trabajo», reflexionó.
Según datos del Global Forest Watch, entre el 2001 y el 2014 Argentina sufrió una brutal pérdida de bosques, equivalente al 8% del total deforestado en Sudamérica”
Como solución a futuro, Moscardini opinó que Argentina «debe incorporar a su modelo de desarrollo la reducción de la vulnerabilidad de la población», algo que históricamente no ocurrió y, por eso, el impacto de los desastres es mayor en los sectores más desprotegidos.
En sintonía, estudios realizados en los últimos años por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtieron que la «vulnerabilidad social es el principal determinante de los daños causados por desastres», y que para revertir esa situación es necesario delinear estrategias de «desarrollo sostenible».
Según el informe ambiental del Banco Mundial del 2016, las inundaciones constituyen el «mayor desastre natural que amenaza a Argentina» porque representan el «60 por ciento del total» de catástrofes que ocurre en el país y causan el «95 por ciento de los daños económicos» bajos tales circunstancias.
En un contexto de cambio climático global, desde 1960 hasta hoy las precipitaciones anuales promedio del país aumentaron algo más de un 20% (3,5% por década) y ya en el 2001 Argentina había sido ubicada entre los 14 países más afectados por las inundaciones, con pérdidas económicas que alcanzaron en algunos años más del 1% del PBI.
El director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, evaluó que a través de las décadas el Estado falló en «haber abordado la gestión hídrica sólo desde el punto de vista del aprovechamiento de los ríos, y no con un abordaje social».
«Los segmentos sociales más vulnerables ocupan los bordes de inundación de los ríos urbanos y su vulnerabilidad está muy asociada al cambio climático y a problemas de contaminación», resaltó Nápoli.
Miguel Taboada, director del Instituto de Suelos del INTA, juzgó que parte de la responsabilidad recae en el desarrollo de «procesos de urbanización no controlados», que hacen que la población más vulnerable ocupe terrenos de menor valor, muchos de ellos ubicados en planicies de inundación.
Lo mismo quedó reflejado en el informe del Banco Mundial: «Una rápida urbanización y un desarrollo urbano inadecuado son la raíz de los crecientes anegamientos urbanos, y grandes ciudades como Buenos Aires y La Plata son especialmente vulnerables por su ubicación».
Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), en el futuro aumentará la frecuencia de precipitaciones intensas e inundaciones en las zonas ya afectadas. Actualmente las provincias con emergencia hídrica son Buenos Aires (con 26 ciudades afectadas), Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, Río Negro, Chubut, Corrientes, La Pampa y Misiones.
La cuenca del Salado en la provincia de Buenos Aires, donde actualmente hay una treintena de localidades cubiertas de agua, abarca una población de un millón y medio de habitantes y genera el 25% de la producción nacional de granos y carne.
Las inundaciones impactan sobre unas 8 millones de hectáreas con distintos grados de afectación y las lluvias persisten desde el 2015, cuando se registró el nivel más alto de precipitación histórica.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, del 30% de pobres que tiene el país, unos 8 millones viven en grandes centros urbanos, muchos de ellos afectados por las inundaciones. A esto se suma la situación de los indigentes, con fuerte presencia en la región pampeana.
En cuanto a la Cuenca del Plata, ya en la década del 90 se hacía hincapié en que «la ocupación desordenada de los valles de inundación -producto de la ausencia de políticas de planificación para el sector y de la especulación en bienes raíces- sumada a la sobre explotación del suelo y la cubierta vegetal, han colocado a gran parte de la población en situación de alto riesgo».
Así quedó plasmado en la investigación titulada «Crecidas: miseria y opulencia», liderada por Alberto Viladrich, ex secretario de Recursos Hídricos del gobierno de Raúl Alfonsín.
El desmonte, el uso discrecional del suelo y el avasallamiento urbano e inmobiliario sobre los humedales amplían en Argentina las posibilidades de que las lluvias se conviertan en catástrofes.
Científicos, funcionarios, organizaciones sociales y ambientalistas coinciden en que el monocultivo, el avance inmobiliario que modificó escurrimientos de agua naturales y la deforestación explican, en parte, el terrible impacto de las inundaciones sobre 11 provincias, donde -según proyecciones climáticas- seguirá lloviendo.
La queja compartida en ámbitos académicos, científicos y en organismos no gubernamentales es que «quienes gestionan provincias y municipios consultan a los especialistas sólo cuando se producen los desastres, para saber por qué ocurrieron, pero no antes, a la hora de tomar decisiones» que afectan el manejo del suelo, el diseño urbano o el curso de las aguas.
El país tiene unos 40 millones de hectáreas anegables y casi la mitad de esa superficie está localizada en la Pampa Húmeda, subrayó el director de Suelos del INTA, Miguel Taboada, quien vinculó esta circunstancia a que en el último cuarto de siglo se perdieron unas 12 millones de hectáreas de pasturas y pastizales, que fueron reconvertidas en áreas sembradas, sobre todo en el NOA y NEA.
Argentina perdió el 12% de sus zonas forestales entre el 2001 y el 2014, según un informe del año pasado del Banco Mundial, que detalló que «casi toda la deforestación ocurrió en el norte» del país y que en Santiago del Estero se dieron «los mayores niveles de desmonte en el mundo».
El estudio ubicó al país en el noveno puesto a nivel mundial entre los países que más desperdiciaron su cubierta forestal, y advirtió que esa pérdida equivalía a la desaparición de «un bosque del tamaño de una cancha de fútbol» por minuto.
Según datos del Global Forest Watch, entre el 2001 y el 2014 Argentina sufrió una brutal pérdida de bosques, equivalente al 8% del total deforestado en Sudamérica.
Los especialistas advirtieron que el verdadero problema está en cómo los gobiernos, empresarios y la sociedad en general desoye algo que la naturaleza está avisando hace siglos.
Si se talan los bosques nativos, se destinan grandes extensiones a monocultivo y se construye sobre humedales -reservorios de agua que evitan las inundaciones- las lluvias y el desborde de ríos seguirán siendo incontenibles.
El subsecretario de Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), del Ministerio de Seguridad de la Nación, Marcelo Rozas Garay, resaltó que actualmente hay una mayor conciencia sobre la problemática ambiental, pero aceptó que llevará años mejorar las condiciones y que «no sólo faltan obras, sino también políticas sobre manejo de suelos».
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años. En ese lapso, se perdieron 7,6 millones de hectáreas, una superficie similar a la de la provincia de Entre Ríos (a razón de 300.000 hectáreas al año).
«Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una hectárea con soja», aseguraron desde Greenpeace.
Para el INTA, «todavía falta destinar grandes esfuerzos y mayor responsabilidad a la forma en que se manejan los suelos porque eso incide en la gravedad, en la velocidad y en la duración de los procesos de inundaciones».
Inés Camilloni, titular de la Maestría en Ciencias Ambientales de la UBA e investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA-Conicet/UBA), consideró que el «compromiso social» de los científicos debe estar dirigido a la «alfabetización sobre cambio climático».
En el libro «La Argentina y el Cambio Climático. De la Física a la Política», que Camilloni escribió junto a Vicente Barros, experto en climatología e investigador del Conicet, se reseñó que en las inundaciones del 2007 en Santa Fe -por ejemplo- y en la provincia de Buenos Aires, se dieron «situaciones anárquicas» en las que cada productor defendía sus tierras construyendo diques o derivaciones de agua en forma discrecional, y que incluso algunos representantes del Estado sufrieron amenazas.
A fines de 2007, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que recién fue reglamentada en 2009, luego de un insistente reclamo de organizaciones sociales y ambientalistas.
Si bien la norma puso algo de frenos al desmonte, ocho años después, los fondos asignados en el Presupuesto Nacional no alcanzan para la puesta en práctica total de la ley, según fue admitido por el propio Ministerio de Ambiente de la Nación, y todavía varias provincias que no completaron el ordenamiento territorial de sus bosques.
A todo esto se suma la demora en la sanción de la Ley de Humedales, aprobada con dificultad en el 2016 en el Senado, pero todavía no avanzó en Diputados por el «rechazo de los sectores agroindustriales», denunció Nápoli.
Fuente: Agencia Telam
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