En la mañana de este miércoles 28 de septiembre, personal de ADMA dio a conocer la increíble situación por la que estaban pasando: debían retornar más de 40 canes a la mujer que los tenía en cautiverio y que estaba imputada por «maltrato animal».
A través de las redes sociales, Paola Rodríguez, quien fue la denunciante del hecho, convocó a una ocupación pacífica de ADMA, ya que en horas del mediodía, la médica veterinaria denunciada se encontraba en la puerta de la institución reclamando por los animales.
Por su parte, las autoridades de la Fundación Amigos del Mejor Amigo, la presidenta Carolina Romagnoli junto a Pedro Martín y el abogado de la entidad, Fernández Quintana se encontraban en Fiscalía solicitando se revea la situación.
El Fiscal Diego Fernández, del Turno I de la Fiscalía de Alta Gracia resolvió «revocar la entrega en carácter de depositario judicial hasta ulterior resolución» a la médica veterinaria.
En comunicación con RESUMEN, una fuente judicial relató: «Hace dos semanas, un particular realizó una denuncia sobre una familia que tendría en su domicilio un criadero de perros, los cuales padecerían alguna enfermedad y no estarían en buen estado de salud. Es entonces cuando se ordena un allanamiento, hacer una constatación del lugar y también un exámen y diagnóstico de los perros con personal idóneo. En este caso, la Justicia tiene un auxiliar médico veterinario forenses que trabajan para Policía Judicial. Ese médico fue hasta el sitio, hizo todas las constataciones y revisiones pertinentes y en ese momento se dispuso que ADMA sean los custodios, depositarios de los perros y que además les realizaran los tratamientos indicados por el veterinario hasta tanto nos emita un informe definitivo.»
Y continuó: «El mismo llegó la semana pasada y decía que estaban cursando una enfermedad y cual era el tratamiento. Al mismo tiempo, la familia propietaria de los bulldogs nos hizo una serie de presentaciones donde explicaban que los perros tenían trazabilidad, que estaban inscriptos como criadores y el tratamiento que estaban realizando en los animales. Es por ello que la fiscalía decide que quien detentaba los canes debía realizar el debido tratamiento. En función de eso también, como quien detenta el poder de policía y tiene la obligación de supervisar, se le ordenó a la fiscalía que controle, fiscalice y remita los informes del tratamiento».
«Con el informe del médico forense se determinó que la propietaria sea quien lleve adelante el tratamiento en su hogar con los controles pertinentes. En el día de la fecha, la municipalidad (Adma), a quien se le había participación en su momento, nos emitió un informe en el cual sugería que siguieran con el tratamiento en ADMA. Por ello se suspendió la medida y la entidad continúa como depositario judicial, esto significa que no se pueden vender, ni dar. Por el momento se revocó la medida hasta tanto se pueda decidir si hubo maltrato o si fue una situación sanitaria o administrativa» concluyó la fuente.
Romagnoli explicó a RESUMEN que ADMA continúa como depositario judicial, algunos en la Casita, otros en hogares de tránsito y otros en guardería.
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