En septiembre representantes del Valle Buena Esperanza se hicieron presentes en el Concejo Deliberante para volver a pedir por un problema que los afecta en sobremanera desde hace años: La explotación de las canteras (pese a que algunas están clausuradas) y el mal estado de las calles debido al incesante tráfico de camiones con sobrecarga.
Cuando hablamos de canteras, hablamos de una explotación minera que, al menos, altera la biodiversidad del lugar, tiene consecuencias en la salud de la población, modifica los caminos de la zona circundante y tiene un tráfico vehicular sostenido e importante.
En esa sesión del Concejo, los vecinos alegaron que las canteras están instaladas dentro de una reserva ecológica. El jueves, aparentemente habrían sido clausuradas dos canteras por Policía Ambiental, pero esta acción no habría impedido que cese de funcionar: pese al cierre siguen operando, según los vecinos.
Cuatro canteras que se ubican dentro del ejido municipal en la zona del Valle Buena Esperanza, están dañando el medio ambiente, comprometiendo flora, fauna y recursos hídricos.
Sin dudas, esta situación deja abierta la posibilidad para que varias empresas mineras trabajen libremente respetando normas provinciales a medias, y haciendo caso omiso a normas tributarias locales, ordenanzas de la ciudad, y a planes de remediación ambiental que deberían existir en una zona que han explotado durante años.
Finalmente, el escrito presentado por los vecinos rezaba, contundente: “Las canteras y sus contratistas tendrán el dinero y los medios para negociar, los vecinos tenemos los votos”.
Desde la UCR y con el voto de la Concejal Ferrari, se elaboró entonces un pedido de informe para que al Secretaría General y de Ambiente diera explicaciones al respecto. Como suele pasar con ese tipo de pedidos, las idas y vueltas, las críticas, las arengas y los discursos fueron varios…parasron las semanas y, por sobre todo, las elecciones.
Y se presentaron…
En la sesión de hoy del Concejo Deliberante vencía el plazo para entregar el Pedido de Informe solicitado por la Comisión de Ambiente. En un primer momento Barrientos no se presentó, lo que fue aprovechado por la oposición para arengar acerca de la falta de compromiso y de transparencia del gabinete de Torres. «Vamos a insistir todos los miércoles, hasta el 11 de diciembre, porque queremos saber qué pasa con las canteras y la depredación del patrimonio ambiental. Eso huele mal» aseguró Brunengo el principio de la sesión, entre otras cosas.
Luego de un cuarto intermedio, pedido ya desde antes y negado por votación, finalmente ingresó Diego Barrientos, responsable de la Secretaría General y de Ambiente para aclarar las dudas presentadas por los vecinos y concejales.
Barrientos explicó, tratando de atenerse a los puntos previstos por el pedido de informe, que hay dos tipos de habilitaciones: la que da el Municipio, que es la del uso del suelo; y la que da la Provincia. En este contexto, hay una sola cantera habilitada por la Municipalidad, mientras que las otras están clausuradas por la Provincia (que sigan en funcionamiento, es otra cuestión). Cabe destacar que las otras canteras no tienen la habilitación por el uso del suelo de la Municipalidad de Alta Gracia.
“Nosotros como estado municipal no tenemos la facultad de clausurar porque no somos los que las habilitamos; sólo damos el uso del suelo” expresó Barrientos.
“Ellos vienen de la Provincia, las vuelven a clausurar, e indudablemente los propietarios de los emprendimientos las hacen seguir funcionando”, admitió el funcionario, que también expresó que ya hay denuncias en la Fiscalía por la violación de las clausuras.
Los Concejales opositores, en turnos, observaron discrepancias y contradicciones en lo planteado por el funcionario.
«Está claro que los funcionarios miran para el otro lado a la hora de controlar. Se escudan en el poder de policía de la Provincia en cuanto a la habilitación de las canteras. Pero el Municipio tiene dos resortes para poder clausurar esa actividad que no está habilitada por la Provincia. Uno es el uso de suelo, ya que si no lo tienen, está violando la Ley y ya debería haber una disposición judicial de parte del Municipio con respecto a eso. La otra cuestión es la netamente tributaria. El Código tributario establece que cualquier actividad económica que se realice dentro del ejido municipal tiene que tributar y por lo tanto estar inscritas. Esas canteras no habilitadas entonces, no sólo están depredando el patrimonio ambiental, sino que tampoco están tributando como deberían. Ambas situaciones, el uso de suelo y el no tributo atañen a la Municipalidad y a la Secretaría de Ambiente que debería denunciar y controlar. Pero acá se hace la vista gorda.» aseguró Roberto Brunengo.
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