Cuatro canteras que se ubican dentro del ejido municipal en la zona del Valle Buena Esperaza nunca se inscribieron en la Municipalidad y, por ende, no están habilitadas ni tributan en la ciudad desde hace muchos años. De lo dicho se desprende que el municipio habría perdido cifras millonarias considerando solo los últimos diez años (hay que tener en cuenta que muchas de ellas llevan cerca de 50 instaladas en la ciudad), si se tiene en cuenta únicamente el aspecto tributario, ya que hay más detalles que considerar en esta actividad.
Cuando hablamos de canteras, hablamos de una explotación minera que, al menos, altera la biodiversidad del lugar, tiene consecuencias en la salud de la población, modifica los caminos de la zona circundante y tiene un tráfico vehicular sostenido e importante. Todos datos que el Estado debería trabajar de la mano con productores para desarrollar la actividad de manera responsable ya que se trata de un trabajo absolutamente necesario en la actualidad; sin embargo no es así.
“Creo que no están dentro del ejido, no le corresponde al municipio. ¿Por qué deberíamos regularlo?”, cuenta un funcionario que resta importancia al tema. Respuestas como estas se multiplican en el ámbito municipal y en referentes políticos viejos y actuales. En los últimos años solo hubo vagos intentos de controlar un tránsito pesado que destruye los caminos de esa zona y un total desconocimiento de la actividad y todo lo que esto implica por parte de aquellos que deberían tomar protagonismo en la situación.
Lo positivo
“Córdoba produce 36 millones de toneladas anuales de productos minerales, y mueve 3.000 camiones por día”, sostiene Aldo Bonalumi, Secretario de Minería de la Provincia de Córdoba, quien reivindica el trabajo minero (ya que pone en movimiento la obra pública de gran parte del país), y proporciona estadísticas que dejan evidencia de que esta actividad supera a la agropecuaria en toda la provincia. De sus datos se desprende, además, que se trata de una actividad que da trabajo a cientos de personas de manera directa e indirecta. “Las canteras del Valle tienen en su mayoría la explotación de piedra verde alpes, piedra rosa o caliza de 2ª o 3ª; ya no quedan canteras de caliza de primera calidad. Igualmente, se sigue sacando bastante piedra; en muchos casos son escombreras. Actualmente habrá en todo el Valle y lrededores unas ocho canteras. En cuanto a lo laboral, la gran mayoría de los obreros están en negro, sin cobertura social ni ART. Muchos son trabajadores que los contratan por unos meses, luego quedan sin trabajo y los toman nuevamente un tiempo después, siempre con contratos cortos” manifiesta Ricardo Peña, ex Secretario General de AOMA. El presidente del Centro Vecinal de Valle Buena Esperanza, Hector Castellanos, en tanto, agrega: “Es cierto que hay que regular la actividad de la minería en la zona y controlar el tránsito de los camiones que rompen los caminos y las calles. Respecto a esto último, los caminos que conducen al Valle son de la provincia y la responsable debiera ser Vialidad Provincial. La realidad es que los mantiene la mano de Dios, porque nadie viene a hacer nada. Si bien hay que regular la actividad en las canteras, no se puede dejar pasar por alto que es la fuente laboral de muchas personas en el Valle”, señaló.
Tierra de nadie
Polvillo en ambiente, dificultosa marcha por caminos rotos, sin mantenimiento y con un tránsito que no cesa durante todo el día, es el panorama que se vive desde Monseñor Roldán hasta el Valle Buena Esperanza. Los vecinos del Valle dicen no tributar en la ciudad, pero que sí lo hacen en la Provincia, los caminos pertencen a Vialidad Provincial y un cartel de “Somos Alta Gracia” en el dispensario que está dentro de la grilla de los centros de salud de Alta Gracia da la bienvenida a la zona más poblada del lugar que cuenta con un centro vecinal cuya elección también fue coordinada por la Municipalidad. El servicio de transporte, en tanto, lo presta una empresa local “Somos, pero no somos de Alta Gracia”, dicen algunos vecinos que ven este panorama como lo que es en realidad, un sector con límites difusos donde los controles y las responsabilidades del Estado se pierden en el primer curso de agua. Sin dudas, esta situación deja abierta la posibilidad para que varias empresas mineras trabajen libremente respetando normas provinciales a medias, y haciendo caso omiso a normas tributarias locales, ordenanzas de la ciudad, y a planes de remediación ambiental que deberían existir en una zona que han explotado durante años. Los camiones y los caminos, son un tema que merecen, sin dudas, un párrafo aparte.
Zona liberada
Desde hace más de un año existe el cartel en el ingreso a la rotonda de Monseñor Roldán y C-45 con detalles específicos de circulación de tránsito pesado, sin embargo, los camiones circulan libremente a toda hora del día y de la noche, con lluvia, durante los feriados o cuando crean necesario. Actualmente hay controles municipales en la zona por lo que ya se labraron 6 actas de infracción por circular fuera del horario. Otro tema fundamental, además, es la sobrecarga de los camiones. Muchos de ellos transportan más de lo permitido con las consecuencias que eso tiene en los caminos de la zona; debido a esto se planea desde la Municipalidad comprar una balanza móvil por lo que se impondrán sanciones más severas para chofer, empresa y dueños de la carga cuando violen el tope establecido. Cabe destacar que desde Vialidad se anunció este control en julio de este año, sin embargo, nunca se llevó adelante, al menos en las distintas rutas y caminos del Departamento Santa María.
OPINIÓN
José María González (Secretario Gral. y de Recursos Humanos del municipio)
“Hace tres semanas que hemos comenzado con los operativos de control en calle Monseñor Roldán principlamente para controlar horarios. Se labraron 6 actas de infracción donde se constató la violación de ingresos y egresos. Este tema está hablado desde hace tiempo ya, los transportistas circulan por el lugar hace años y conocen exactamente cuáles son las normas de circulación, además hay un cartel que lo establece claramente. Tenemos pensado aplicar esta restricción horaria también en la zona sur de la ciudad mediante un proyecto de UPC que se tratará en el Concejo donde se pretende aplicar el mismo horario. Esto es una cuestión de derechos. Regular para que todos gocemos de los derechos que nos correspondan como ciudadanos”.
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