En febrero de 2018 el bloque de la UCR ingresó un proyecto anti-nepotismo al Concejo Deliberante que tenía la intención de generar el debate necesario en relación al Plan de Austeridad y Transparencia presentado por esos días por el presidente Mauricio Macri.
Se pidió una sesión extraordinaria en al Concejo en pleno verano. En aquel momento, Juan Manuel Saieg estaba a cargo del Ejecutivo, por la licencia de Torres y Daniela Ferrari presidía el recinto legislativo y el pedido de sesión fue rechazado entre polémicas. El proyecto fue cajoneado luego en Comisión hasta el miércoles pasado cuando fue desempolvado y, por esas cosas de la vida, aprobado con el voto de la edil peronista Ferrari.
La modificación se aplica a la ordenanza vigente (Nº 6196 “Código de Ética en el ejercicio de la Función Pública Municipal” creada en el año 2003) ya que “sin menoscabar aquellos fundamentos, creemos oportuno y conveniente avanzar en la incorporación de pautas éticas que comprometan al funcionario público, en el momento de designar a sus colaboradores o contratar servicios inherentes al cumplimiento de su función, a evitar decisiones que puedan incurrir en el nepotismo; Que es conocida la tendencia generalizada en las estructuras políticas del Estado al llamado “nepotismo”, esto es, la preferencia que tienen algunos gobernantes o funcionarios públicos para dar empleo a familiares sin tomar en cuenta la competencia, sino su lealtad o alianza”, expresa el escrito.
Entre las modificaciones, se encuentra la negativa a ejercer cargos públicos de parientes propios “en razón de la naturaleza (consanguineos) en línea recta (ascendiente o descendiente) y en línea colateral hasta el segundo grado; también el cónyuge; parientes por afinidad en igual medida y grado que respecto a familiares propios por consanguinidad; su pareja conviviente con la que mantuviera una unión convivencial; y parientes por consanguinidad de la pareja conviviente con quien mantuviera una unión convivencial en igual grado que en relación a los propios”, reza el escrito. La prohibición, no se aplicará en los casos que mediaren procesos de selección competitivos y meritocráticos.
¿Porqué ahora?
Es más que evidente, los tiempos responden a la mayoría adquirida por el voto disidente de Ferrari, manifiesto desde julio, pocas semanas antes de las PASO locales. Por otro lado, desde el bloque radical aseguraron que ya desde hace meses evaluaban sacar a la luz de nuevo esa labor legislativa, pero que los tiempos se dieron ahora para evitar acusaciones de oportunismo electoral en fechas previas a las elecciones, dado el vínculo de parentesco entre Intendente saliente y el Electo.
Es decir, de haberse aprobado durante este año, el propio Marcos Torres no hubiese podido seguir su función, como Secretario de Gobierno, aunque la legislación no alcanza las candidaturas. Eso podía interpretarse ya a esa altura, como una torpe maniobra sin sentido. En todo caso, es muy probable que Facundo Torres, hubiese vetado una Ordenanza de esas características ya con su hermano lanzado para el Sillón de Lepri, pero con un costo político muy elevado para ambos.
¿Qué implica ahora?
El Intendente Electo Marcos Torres, si es que el actual mandatario no veta la nueva ordenanza, como alguno ya dan por descontado, no podrá poner en cargo a familiares. Eso refiere, en este particular momento a Mauro Proto, director de Ingresos Públicos, quien suena como uno de los hombres fuertes de la próxima gestión. Pero, veto más o veto menos,, nada le impide al nuevo Intendente, ofrecer vínculos laborales y político de otro tipo, como asesorías.
¿La vetará?
Hace semanas atrás, Facundo Torres en referencia a otro veto había aclarado a Resumen; “Hoy, en un Concejo sin mayoría, analizaremos más detenidamente cada una de las Ordenanzas aprobadas”, referido a las actuaciones de de la edil Daniela Ferrari, quien ha apoyado en las últimas sesiones casi todas las iniciativas de la Unión Cívica Radical.
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