El 1 de diciembre de 2017, el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) puso en vigencia la Ley 10.281 de Seguridad Eléctrica para la Provincia de Córdoba. Desde entonces, en todo el territorio provincial se exige la presentación de un “Certificado de Instalación Eléctrica Apta” emitido por “Instalador Electricista Habilitado” a los fines del otorgamiento de todo servicio eléctrico.
En la actualidad, el Ente Regulador cuenta con 20.743 electricistas que forman parte de su Registro de Instaladores Habilitados, los cuales fueron incluidos a través de resoluciones de la Gerencia de Energía.
De ese total, 13.048 corresponden a la Categoría I (profesionales con título de grado universitario, con alcance o incumbencia en la especialidad eléctrica). En tanto, 1.855 integran la Categoría II(técnicos con título habilitante, con incumbencia en la especialidad eléctrica), mientras que 5.840 componen la Categoría III (idóneos con capacitación relacionada a la especialidad eléctrica).
Asimismo, desde diciembre del año pasado se han emitido 112.500 certificados de Instalación Eléctrica Apta.
De esta manera, desde la entrada en vigencia de la normativa es obligatoria la emisión de un certificado de Instalación Eléctrica Apta firmado por un electricista habilitado para:
- Nuevas instalaciones.
- La reanudación del servicio, en instalaciones existentes, que implique nuevo contrato, donde se verificará el cumplimiento de condiciones mínimas de seguridad.
- Modificaciones y ampliaciones de las instalaciones eléctricas.
- Instalaciones de uso circunstancial y carácter provisorio.
- Instalaciones de usuarios que internamente generen su propia energía eléctrica y se encuentren vinculadas a la red de distribución.
Municipios, comunas, inmuebles y lugares de acceso público
También desde el último mes de 2017 corre el plazo de 2 años a fin de que los municipios, comunas o titulares de instalaciones de alumbrado público o señalización existentes, efectúen la adecuación de dichas instalaciones a la normativa dictada por el ERSeP, acreditándola ante la correspondiente distribuidora mediante la presentación del Certificado de Instalación Eléctrica Apta.
Con idéntico plazo cuentan los titulares de las instalaciones eléctricas existentes de todos los inmuebles, lugares y locales de acceso público, sean estos interiores o exteriores, de carácter público o privado.
Sobre cursos y exámenes
Para formar parte del Registro de Instaladores Electricistas Habilitados del ERSeP, los postulantes idóneos Categoría III deben validar sus conocimientos. Pueden hacerlo mediante un curso de capacitación, o bien rindiendo un examen.
En la actualidad existen más de 60 convenios de colaboración firmados con instituciones públicas y privadas, lo cual posibilita habilitar un importante número de espacios académicos donde rendir examen y cursar la capacitación en distintos puntos de la provincia.
Así, se han desarrollado 186 cursos equivalentes a 30 mil horas de capacitación.
Por último, el Ente Regulador -por intermedio de sus autoridades y del personal del área de Seguridad Eléctrica- ha concretado más de 50 charlas informativas en distintos puntos de la provincia, con el objeto para difundir los alcances de la aplicación de la Ley 10.281.
En Alta Gracia
El 7 de Diciembre de 2017, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la adhesión a la ley de Seguridad Eléctrica de la provincia de Córdoba, en la que se establecen normas que contribuyen a garantizar condiciones de seguridad óptimas en las instalaciones eléctricas, tanto públicas como privadas, de todo el territorio cordobés, asegurando que no presenten riesgos para la vida y la salud de las personas y sus bienes.
Relevando Peligros
Participó de la sesión Sandra Meyer, creadora de la Fundación Relevando Peligros. Sandra empezó su lucha hace 9 años, luego de que el 24 de diciembre del año 2009 falleciera su hijo Juan Aciar de 13 años, víctima de electrocución. El accidente ocurrió luego de una tormenta, cuando Juan intentaba ayudar a un anciano a cruzar la calle en barrio Jardín de la ciudad de Córdoba. El hecho sucede al entrar en contacto con un cesto de basura electrificado por un cartel fuera de norma en la vía pública. Esta historia se convirtió en motor de lucha y puntapié para construir en sociedad.
En agosto de 2017 año la Justicia condenó a tres años de prisión condicional por homicidio culposo a los responsables por la muerte de Juan.
La acusación es que el cesto estaba electrificado por una conexión a un cartel del local “Emanuel Motos”. A ocho años del trágico accidente, fueron condenados Diego Nievas, el dueño del local de motos, y Adrián Molina, el electricista que además fue inhabilitado por cinco años para ejercer la profesión.
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