Desde el advenimiento de la “Revolución Industrial” entre fines del Siglo XVIII y comienzos del Siglo XIX, los trabajadores, sea cual fuere su sexo o edad, prestaban tareas entre doce y catorce horas diarias. Esto, sumado a las pésimas condiciones de salubridad, salarios ínfimos, entre otras desigualdades, provocó fuertes protestas por parte de aquéllos.
Fue así que, en mayo de 1.886 en Chicago, Estados Unidos, cientos de trabajadores fueron reprimidos ferozmente cuando reclamaban, entre otras reivindicaciones, la reducción de la jornada laboral bajo la consigna “8 horas para descansar, 8 horas para la familia, y 8 horas para trabajar”.
Chicago tenía por entonces una gran actividad industrial, a la vez que los sindicatos crecían y se hacían más fuertes a nivel nacional, y local. A esta huelga general del primero de mayo de 1.886, se habían plegado miles de trabajadores y trabajadoras, y los días subsiguientes continuaron las movilizaciones multitudinarias por las calles de aquella ciudad.
La policía, por orden del gobierno, reprimió brutalmente con disparos contra los manifestantes, resultando decenas de heridos y seis víctimas fatales.
Como respuesta, los manifestantes volvieron a marchar, y cuando llegaron al destino elegido en donde los dirigentes sindicales darían un discurso, autores desconocidos arrojaron una bomba que provocó la muerte de siete policías, y heridas a otros agentes de las fuerzas de seguridad que se encontraban en el lugar.
Aún sin pruebas, incluso con la sospecha de que el autor del atentado no pertenecía al sector que estaba realizando la protesta, se imputó a sindicalistas y activistas, algunos de los cuales ni siquiera habían estado presentes en el lugar.
Estos trabajadores fueron sometidos a un proceso judicial plagado de irregularidades. Todos fueron condenados, y se le aplicaron, en un caso, quince años de trabajos forzados, en otros dos cadena perpetua, y a otros cinco se les impuso la pena de muerte en la horca.
No sorprendió –como no sorprenden hoy algunas condenas- el resultado de aquel juicio. También en ese entonces existía una prensa cooptada por los intereses empresarios, que instaló en la opinión pública la certeza de la culpabilidad de aquellos trabajadores. Pero igual o mayor responsabilidad tuvo el Poder Judicial, representado por el juez Gary, quien sin mayores pruebas, y sin respetar el derecho de defensa de los acusados (como se demostró posteriormente), imprimió tan duras condenas, con el fin de disciplinar a la clase obrera y sindical.
A estos obreros injustamente condenados se los llamó “los mártires de Chicago”, y a consecuencia de ello, el 1º de Mayo –día de la protesta inicial de estos trabajadores- fue declarado como el Día Internacional del Trabajador, en 1.889.
Las reivindicaciones por las que luchaban esos obreros, fueron resumidas en tres objetivos fundamentales: 1) Lograr la jornada de ocho horas. 2) Ampliar la legislación del trabajo. 3) Afirmar la voluntad de los trabajadores de mantener la paz entre las naciones.
En Argentina, los trabajadores organizados adhirieron al homenaje y a partir del 1º de Mayo de 1.890 comenzaron a realizarse multitudinarios actos conmemorativos. Muchas de estas celebraciones debieron enfrentar la represión policial.
En 1.929 se dictó la Ley 11.544, que estableció el límite de la jornada laboral en 8 horas diarias y 48 semanales. Sin embargo, durante muchos años los trabajadores rurales fueron excluidos de su aplicación.
El trabajo agrario sigue considerándose sin límite de jornada, sujeto a la voluntad del patrón. Ello, sin contar con que un 70 % de estos trabajadores, no se encuentra registrado.
La primera ley dictada en beneficio de los trabajadores rurales, el Estatuto del Peón de Campo, fue impulsada por el entonces coronel Juan Domingo Perón. Durante la dictadura cívico-militar posterior, se creó por decreto un nuevo Régimen del Trabajo Agrario, significando un claro retroceso.
Finalmente, en el año 2011, durante la presidencia de Cristina Fernández se sancionó la Ley 26.727, estableciendo importantes beneficios para los trabajadores del sector.
Hago referencia al trabajo agrario, por cuanto representa uno de los últimos bastiones aferrados a los paradigmas imperantes en los siglos XIX y XX, como lo fue el trabajo “de sol a sol”, y más aún teniendo en cuenta la resistencia opuesta por los empresarios del sector durante tantos años, y que aún subsiste.
Pero el 1º de Mayo no sólo significó la lucha por la reducción de la jornada. También, a raíz de las protestas obreras sindicalizadas, y en general cuando hubo gobiernos que escucharon estos justos reclamos, se logró el aumento de salarios, las vacaciones pagas, el aguinaldo, entre otras reivindicaciones.
La erradicación de las desigualdades y privilegios existentes a consecuencia de la Revolución Industrial, visibilizó la necesidad de una pronta intervención del Estado, a través de sus normas, para paliar la explotación, pobreza e insalubridad sufrida por la clase obrera. Las luchas obreras continuaron, y aún hoy los trabajadores canalizan sus protestas a través de los sindicatos, logrando así contar con mayor poder de negociación frente al empresariado.
En el actual contexto de pandemia, los gremios pugnan por lograr mejores condiciones de vida y de trabajo, teniendo en miras principalmente la protección de la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras, bregando por el cumplimiento de las medidas sanitarias de prevención dispuestas por el gobierno central, y sin dejar de lado la lucha por la creación de nuevos empleos.
-Por Laura Cociglio, abogada especialista en Derecho del Trabajo.
M.P. 1-37197 CSJN Tº 505 Fº 66
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