La diputada nacional Brenda Austin, emitió un comunicado manifestando su solidaridad con el concejal Roberto Brunengo. La misiva se suma a la serie de adhesiones que ha conseguido el edil radical (tanto desde la alianza Cambiemos como de todo el arco opositor al gobierno actual) como consecuencia de la carta documento que recibió de parte del Asesor Letrado de la municipalidad, Daniel Villar recientemente.
Cabe recordar que Villar lo demandó por medio millón de pesos, luego de las declaraciones que hiciera Brunengo a este medio donde lo tildó de «mentiroso e ineficiente”.
El escrito de la diputada dice lo siguiente:
«Quien suscribe, Brenda Lis Austin, Diputada Nacional por la Provincia de Córdoba, manifiesta su solidaridad con el Concejal Roberto Brunengo, ante las acciones judiciales incoadas en su contra en relación a sus opiniones vertidas como Concejal de la Ciudad de Alta Gracia. Entendiendo que el sistema político argentino se basa en principios fundamentales establecidos por nuestra Constitución, es que se torna imperante asegurar el normal funcionamiento de las instituciones republicanas, lo que implica, entre otras cosas respetar la inmunidad de opinión de los cuerpos parlamentarios. Aunque esto no se encuentre sancionado de manera expresa en las leyes orgánicas municipales, el respeto a la investidura de los parlamentarios locales, deviene de la soberanía popular volcada en elecciones democráticas, en consonancia con los Art.1, 5 y 123 de nuestra CN. Nuestra Corte Suprema de Justicia en el célebre caso “Alem” (1893) sostuvo que con este tipo de inmunidades no se busca garantizar protecciones personales, sino tutelar la libertad, el decoro y la independencia en la alta función política. Asimismo, es necesario aclarar que el alcance de esta protección no solo se refiere a la imposibilidad de aplicar sanciones sino también a la imposibilidad de iniciar un proceso judicial. También cabe destacar que en el Fallo Kimmel, jurisprudencia de vital importancia para la actual configuración de la regulación jurídica de las calumnias e injurias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó que debe existir una mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio del control democrático y que en la arena del debate sobre temas de interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que molestan a los funcionarios públicos. En el mismo sentido, el mencionado tribunal manifestó que la opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo. En principio, la verdad o falsedad se predica sólo respecto a hechos. De allí que no puede ser sometida a requisitos de veracidad la prueba respecto de juicios de valor. Ante lo precedentemente expuesto es que en primer lugar se puede reafirmar que resulta contrario a la libertad de expresión el ejercicio de acciones legales por funcionarios públicos ante opiniones vertidas en razón de su desempeño político, más teniendo en cuenta la excesiva desproporción de la reparación requerida. En segundo lugar también se puede reafirmar que resulta contrario al derecho de inmunidad de opinión ejercer dicha acción contra un representante del pueblo. Esperando el desistimiento de las medidas iniciadas contra el Concejal Brunengo. Saluda ATTE».
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