La Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió el Recurso Extraordinario interpuesto por los abogados Zeverín en representación de los bailarines altagracienses Walter Vergara y Silvia Álvarez, y el caso será resuelto por el Tribunal de Estrasburgo y Corte Europea de Derechos Humanos.
Los hechos ocurrieron en el año 2008 cuando ambos fueron impedidos arbitrariamente de ingresar al espacio Schengen -territorio de la Unión Europea- en el aeropuerto catalán del Prat, en momentos en que habían viajado al casamiento del hermano de uno de ellos.
La decisión de la Corte está basada en la argumentación de que «someter contra su voluntad a un Estado extranjero a la Justicia Argentina, sin duda pondría el peligro las relaciones entre los gobiernos y turbaría la paz de las naciones, invocando el único precedente de Louge A Beltran contra el gobierno, su Majestad Británica, sentencia del año 2014», reza el escrito.
«Si bien no estamos de acuerdo con el resultado, estamos conformes desde el punto de vista profesional ya que se ha tomado una decisión que tiene pocos antecedentes. Nosotros vamos a acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estramburgo para que pueda considerar y tratar el caso. Debemos considerar también que se ha tomado la decisión de derivarlo a un organismo internacional en un momento poco propicio internacionalmente», aseguró el abogado Alejandro Zeverín a RESUMEN.
Recordemos que la demanda de los bailarines asciende a un millón y medio de pesos al Estado español, por presunta «discriminación y tratos crueles» al impedirles ingresar al país, retenerlos durante 48 horas y finalmente expulsarlos.
En su momento las autoridades migratorias españolas manifestaron que los bailarines «no tenían profesión alguna, ni medios de vida, ni lugar para alojarse en España, así como tampoco dinero para retornar al país»; argumentos irreales considerando que se trata de prestigiosos bailarines reconocidos nacional e internacionalmente; que además tenían familiares en España.
Cabe destacar que en los comienzos el tema fue tratado por el Juzgado Federal nº 2 a cargo del Juez Alejandro Sanchez Freytes, quien demandó al Reino de España por el rechazo arbitrario de ingreso y trato vejatorio con resultado de deportación.
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