Fue imputado hace algunos días el Jefe Comunal de Dique Chico, Nilo Pérez, por “Peculado” (malversación de fondos públicos) a raíz de una denuncia llevada a cabo por el ex Jefe Comunal del lugar, Abel Cístaro en junio del año pasado.
Si bien la denuncia hace referencia a varios temas, la imputación se concretaría por el uso de una camioneta (Kangoo) de la comuna para fines particulares. “Lleva a su hija al colegio a Alta Gracia, también se usa para llevar a su esposa a la ruta para que tome el colectivo porque trabaja en Córdoba; además la maneja un chofer. Está al servicio de sus necesidades. Hay muchos testigos de eso”, resaltó Cístaro al respecto.
En el escrito que presentó ante Fiscalía, también se pueden observar denuncias por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de poder, y demás acusaciones que estarían siendo investigadas aún.
Cístaro aclaró, por otra parte, que llegará hasta el Tribunal Superior de Justicia para denunciarlo por enriquecimiento ilícito y solicitar -ante las autoridades provinciales- que “sea separado del cargo”.
“No tengo nada contra él en lo personal, lo expuesto ante la Justicia tiene que ver con el gobierno que está llevando adelante, que es totalmente antidemocrático. Hace resoluciones que no consulta con nadie, no llama a asamblea a la minoría, emite dictámenes sin ningún sustento (tal como la prohibición de fumigaciones), etc. Actúa de la misma manera que si un intendente eliminara el Concejo Deliberante”, comentó Cístaro sobre el tema; y agregó: “Cuando hizo la resolución para prohibir las fumigaciones, no sólo no consultó con nadie, tampoco llevó adelante ningún estudio, esa resolución no tiene basamento científico, sólo es el resultado de un pedido de 4 ó 5 personas del lugar. Encima está decretada la prohibición en una zona gris, ya que Bajo Chico no está dentro del ejido”, aseveró en relación a un conflicto que tuvo repercusión nacional.
Y van…
El pequeño pueblo que cuenta con 324 habitantes estables (600 en temporada estival) se suma a la larga lista de localidades con Jefes Comunales imputados, en su mayoría por el mismo delito (Villa Los Aromos es un ejemplo reciente que aún está definiendo la Justicia). El delito de Peculado tiene una pena de 2 a 10 años de prisión, aunque en la mayoría de los casos, los imputados permanecen en libertad hasta que haya resolución al respecto.
Lo que dice el Artículo 261 del Código Penal
“Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.
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