El extenso conflicto por la posible instalación de una Planta de Tratamiento de Basura en terrenos colindantes a Parque Santa Ana entre los vecinos de esa localidad y la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana Córdoba (Cormecor), sumó en los últimos días una nueva instancia judicial.
Ahora, el contrapunto está enfocado en la decisión que tomó –horas antes de que inicie la feria judicial de invierno- la Cámara Contencioso Administrativo de Primera Nominación en la que le solicitó en un decreto judicial a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) que analice en un plazo de diez días, el contenido del estudio de impacto ambiental presentado por Cormecor. Es importante recordar que esa misma zona ya fue definida como apta en el estudio de selección de sitios realizado por el Instituto Superior de Estudios Ambientales de la UNC. Además, el escrito de la Cámara indica que “la prueba no debe ceñirse al impacto que la realización del proyecto tiene en sus zonas inmediatas y circundantes sino también a los efectos que puede acarrear su no concreción en la salud y el ambiente de un colectivo mucho mayor que involucra a un millón y medio de habitantes aproximadamente de la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba”. Cabe destacar que ese tribunal, también tramita los amparos unificados en contra de la instalación del megabasural de Cormecor en ese predio.
Impugnación en estudio
“En este momento estamos en plena feria judicial y estamos estudiando el decreto pero cuando se retome la actividad de los Tribunales seguramente presentaremos un escrito impugnado el decreto de la Cámara”, informó a RESUMEN Federico Maccioc, abogado de los vecinos nucleados en la Asamblea Santa María Sin Basura. Para el letrado, el pedido de la Cámara para que también se evalúe y “se pruebe la frustración de la instalación no afecte a la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba que tiene una cantidad de habitantes superior a la de Villa Parque Santa Ana, es trasladar la carga de la prueba a los vecinos que están solicitando la protección del ambiente”. Al ser consultado sobre el posible accionar de la UNC, Maccioc expresó: “Desconozco que va a hacer la Universidad porque le han solicitado que se expida en el plazo de diez días; debido a la complejidad de la causa, seguramente responderá que es un plazo muy exiguo y solicita más tiempo”. Por su parte, la Asamblea Santa María Sin Basura indicó a través de un comunicado de prensa que «lo que escandaliza, además del exiguo tiempo otorgado para evaluar un Estudio de Impacto Ambiental de más de 600 páginas y varios cuerpos de expedientes acumulados, es que en dicho decreto, el tribunal adelanta opinión señalando que: ‘corresponde (a la UNC) pronunciarse sobre la prueba útil e imprescindible para dilucidar el núcleo de la cuestión , ya que se advierte, no está limitado solamente al impacto que per se produce la planta de RSU sobre el ambiente circundante, sino involucra también, y tal vez principalmente, a la recolección, tratamiento y disposición de los residuos urbanos que se producen en un ámbito geográfico más extenso que incluye como protagonista principal a la Municipalidad de Córdoba”. Además el comunicado sostiene que “resulta repudiable que desde la propia Cámara se presione a la UNC a legitimar un proceso viciado de irregularidades en supuesto beneficio de una mayoría”.
“Confiamos en que se destrabe lo antes posible”
En diálogo con este medio y consultado sobre el decreto de la Cámara Contencioso Administrativo de Primera Nominación, el director de Cormecor Hugo Pesci señaló que “nosotros consideramos que es una resolución más de la justicia para avanzar con la causa y en ese marco lo tomamos. No tenemos por qué hacer ninguna consideración especial por lo tanto vamos a mantenernos de la misma forma que nos hemos mantenido en todas las situaciones porque no ha sido Cormecor quien ha llevado este caso a la justicia”.Pesci prefirió no entrar en un polémica con lo que aducen los de la Asamblea Santa María Sin Basura porque “es un tema que está judicializado y lo que estamos haciendo es seguir lo que la justicia va a resolviendo y respondemos en ese ámbito”. El director de Cormecor también agregó que el proyecto cumplió con todos los pasos legales de igual manera que lo hizo con lo que dicta la Ley de Ambiente”. Por último, en lo que se refiere a los plazos para que la Justicia eleve un fallo definitivo sobre el conflicto Hugo Pesci subrayó: “No podemos saber eso, pero confiamos que se destrabe lo antes posible porque evidentemente a medida que va pasando el tiempo la situación se va complicando”.
¿Qué va a pasar con la basura?
Desde el 1 de agosto unas 20 comunas del gran Córdoba recibieron la notificación de la empresa Crese que a partir del 1 de agosto no podrán ingresar más basura en el predio de Piedras Blancas. Según la firma, desde el año pasado están advirtiendo sobre la saturación del enterramiento y las comunas afectadas por esta decisión son: Bouwer, Falda del Carmen, Los Cedros, Potrero de Garay, San Clemente, Villa Los Aromos, Valle de Anisacate, Villa La Bolsa, La Rancherita y La Paisanita. También los municipios de Alta Gracia, Despeñaderos, Estación Juárez Celman, La Calera, La Falda, Malvinas Argentinas, Mendiolaza, Río Ceballos, Unquillo y Villa Allende.
Alta Gracia es la mayor ciudad, después de la Capital, que envía sus residuos al actual enterramiento y que participa del proyecto de Cormecor. En el mes de mayo de este año el Intendente, Facundo Torres mostró su preocupación al respecto señalando que “estamos ante una situación comprometida y delicada. En Alta Gracia no tengo ningún predio con las condiciones ambientales para llevar adelante la construcción de una planta ni tampoco tengo el dinero y el tiempo para hacerla”.
El mandatario local además sostuvo que el predio donde se pretende instalar el emprendimiento Cormecor “es el único que cuenta con el aval de distintos organismos”. “Planes hay miles, agarramos una zona gris y empezamos a tirar toda la basura ahí generando un basural a cielo abierto con el deterioro ambiental que eso conlleva. La solución sería un lugar con licencia ambiental y sin amparos. Pero no existe”, concluyó en esa oportunidad.
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