La Jueza Gabriela Cerini dio lugar este miércoles a lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 7º Nominación de la ciudad de Córdoba, quien resolvió que tanto el municipio como los propietarios de Coco Restobar, paguen una sanción a los vecinos Teresa Oviedo y Pablo Antonello, por haber haber abierto al público durante cuatro días cuando existía una medida cautelar de por medio.
La suma asciende a poco más de 258 mil pesos, más intereses y costos de los letrados que intervinieron en el conflicto que se inició allá por el año 2015; monto que alcanzaría casi los 300 mil pesos.
Cabe recordar que la jueza resolvió -en noviembre de ese año- sobre el fondo de la cuestión y dictaminó en favor de los vecinos indicando que la Ordenanza que habían dictaminado el Concejo Deliberante era inconstitucional; ordenanza que fue aprobada por todos los concejales a excepción del edil Roberto Brunengo.
La norma en cuestión es la N°9869, que habilitó el uso e instalación de “Coco”, el emprendimiento ubicado en Av. Sarmiento al 200. El litigio comenzó a principios de ese año cuando fue aprobado el proyecto y comenzó la construcción.
Posteriormente vecinos del lugar presentaron dos recursos de amparo solicitando se declarara “ansticonstitucional” la determinación del Concejo Deliberante ya que “resulta generadora de daños al medioambiente citadino, conforme lo que sucede de natural y ordinario”. Por otra parte reclamaban que el emprendimiento se encontraba dentro del área de Protección de Primer Orden.
Tiempo después, la magistrada, hizo lugar al amparo, aunque resaltó que “no se visualiza el perjuicio irreparable”.
La determinación judicial estuvo basada en el principio precautorio de la Ley de Ambiente de la provincia. La legislación prevé este principio que le permite al juez que intervenga en este tipo de litigios establecer la medida cautelar “de no avanzar en la obra” y evitar que se habilite el boliche bailable.
Las medidas que se tomaron luego en torno a la habilitación «provisoria» llegaron de la mano del Asesor Letrado del municipio, Daniel Villar, a quien muchos responsabilizan directamente por la sanción que ahora debe hacerse efectiva. Villar manejó la situación de tal manera que hasta denunció penalmente al abogado querellante Federico Bossi, con quien mantiene diferencias desde hace muchos años.
Es importante destacar que Bossi se negó a hacer declaraciones a Resumen afirmando que este medio «no está en busca de la verdad», dichos que justamente llegan de parte del letrado que transformó el caso, junto a Villar, en una guerra personal, más allá de lo que pudiera devenir de ésto. A Bossi, además, Resumen le abrió las puertas cada vez que necesitó dar su punto de vista sobre la causa o las medidas que se tomaban al respecto; sin embargo es quien este miércoles decidió hacer silencio y determinar -cual juez- quien está en búsqueda o más cerca de la verdad.
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