«En esta escala, no alcanza sólo con la voluntad de reciclar residuos»

Hugo Pesci, uno de los directores de La Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba (CORMECOR) analiza, en un diálogo sin tapujos con Resumen, la situación acerca del fallo del TSJ y en conflicto con los vecinos de Santa Ana.

Con respecto al fallo del TSJ y además a la notificación de la empresa estatal Crese que a partir del 1° de agosto no podrán disponer más los residuos en el enterramiento sanitario de Piedra Blanca, se habla de la posibilidad de que cada municipio generare nuevos basurales a cielo abierto. ¿Qué implica para Alta Gracia?
Si cada municipio tuviera que hacerse cargo, el basural debería encontrarse adentro de su jurisdicción propia, por lo tanto Alta Gracia debería analizar adentro de las 15 mil hectáreas de superficie y hay lugares que hay que ir descartando porque son imposibles, toda la zona urbanizada o por urbanizar y la zona montañosa, que es todo el oeste tampoco. Entonces debería ser hacia el este, hacia la ruta 36. Todo este proceso de elección va a llevar su tiempo, no e inmediato. Mientras tanto, van a seguir las negociaciones entre la provincia y la municipalidad de Córdoba y la Crese con respecto a cómo resolver.

¿Si se fallara a favor de Cormecor, eso cambiaría?
Por supuesto, si se lograra un fallo rápido y se pudieran iniciar las obras, ya se replantea todo en base a un cronograma de obras, que es lo que ahora no se puede establecer.

¿Qué horizonte hay con respecto al fallo de la Cámara? Un plan B, podría incluir moverlo?
Es muy difícil prever cómo la Cámara unifica todo y llega a un fallo. Creo que tomará en cuenta lo que diga el TSJ con respecto a que se haga muy rápidamente. Antes una situación desfavorable hay que iniciar todo un nuevo proceso, pero antes esta perspectiva en la que se defendieron intereses de productores agropecuarios, ¿dónde lo vamos a poner? En toda zona en la que haya emprendimiento agropecuario nos va a pasar lo mismo. Pero además no hay muchos lugares con esas condiciones con el agua a 70 metros de profundidad y una cuenca que, como se demostró, está protegida.

¿Las medidas cautelares a quienes defienden?
Las causas que tienen cautelar, están defendiendo a productores, no a los vecinos. Sus terrenos están bajo la Ley de Expropiación que dictó la Legislatura. No son cualquier vecino.

Sin embargo el fallo habla de “interés general y la salud pública de parte de la población, en tanto el conflicto de intereses podría poner en riesgo el derecho constitucional a gozar de un ambiente sano”…
El TSJ cuando dice que “la conclusión propiciada no importa un adelanto de jurisdicción favorable a la pretensión de fondo, sino que por el contrario, sólo atiende a la tutela cautelar pretendida hasta que se resuelva, en definitiva, la acción de amparo incoada” , deja claro que no entra a considerar ninguna cuestión de fondo de las planteadas por la demanda, dejando solo vigente a la cautelar para las obras y habilitando todas las tareas que fueran necesarias para continuar con el proceso ambiental.

Son muchos los vecinos y muchas las manifestaciones de preocupación por las consecuencias ambientales…
Hubo determinados intereses en sobrevalorar el posible impacto ambiental y ninguno de ellos ha podido ser probado. Hay un problema de algunos negocios que uno no logra ver. Estamos en una cuestión de competencia de uso del territorio que uno lo empieza a ver más claro. Alguien quiere usar esos terrenos para sus emprendimientos de intereses particulares principalmente inmobiliarios.

Sin embargo los vecinos de Santa Ana hablan de un megabasural en un predio con aguda pendiente y surcado por voluminosas escorrentías con distintos riesgos para la salud.
Es un discurso muy simplista y mentiroso. Los que empezaron a hablar de basural sabían que esto no iba a ser un basural. Le han metido un miedo innecesario a la población, mintiendo inclusive sobre la mortalidad infantil, cuando hay un estudio claro. Hay que ser demasiado irresponsable, para transmitirles a los padres de niños que se van a ver afectados. Hay que ser más cuidadosos.

¿Y las escorrentías?
Se empezó con el discurso la contaminación del agua subterránea de Santa Ana, que es una mentira absolutamente insostenible. Si yo fuera habitante de Santa Ana me preocuparía más que no haya cloacas o que aguas arribas haya producción agropecuaria con agroquímico. Después del 28 de marzo además quedó claro que tampoco con el agua superficial hay peligro, porque quedó demostrado en los mismo informes que presentaron los demandantes que es el agua de Santa Ana es la que afectó Taym.

¿Alguna responsabilidad en la forma de diálogo o en la comunicación de Cormecor como para la población?
No se escondió ninguna información. Todo está en la página, en forma pública. Se siguió sosteniendo lo insostenible, afirmando errores, falacias, cuestionando no solo a Cormecor sino a la propia Universidad Nacional de Córdoba en algo que es histórico, porque el Gobierno provincial les planteo a los municipios la obligación de un informe de la UNC. No se permitió la apertura de canales de diálogo, porque se eligió prácticamente en un inicio la vía judicial. Cuando se judicializa un tema evidentemente se condiciona el dialogo y hasta se nos buscó atacar por el lado del INADI. Cormecor ha ido respondiendo todo lo que se les pidió en forma rápida, pero eso excede el marco de la cuestión técnica.

¿En qué sentido? Por el alcance de la problemática?
Acá estamos hablando de un servicio público totalmente esencial y de prestación de obligación continua. La recolección y la disposición final están unidos. Si nos quedamos sin disposición final en pocas horas nos vamos a quedar sin recolección. Empiezan a acumularse residuos y en términos de área metropolitana estamos hablando de 2000 toneladas por día. Y a la gente no se les puede decir: dejen de generar residuos.

Este es uno de los puntos de conflicto. Que el proyecto no apunta a disminuir la cantidad de basura y al reciclaje…
Hay que entender cómo se componen nuestros residuos. Hablando de recolección en domicilio, la mitad son residuos definidos orgánicos, en su mayoría generados por restos de comida. Tienen muy pocas posibilidad de ser reciclados, porque no es material con el que uno pueda hacer un compost reutilizable, porque la propia legislación argentina no permite vender o generar compost para ser utilizados legalmente. Para hacer compost lo tengo que hacer con restos verdes e inclusive ahí hay restricciones. Los privados podrían reciclarlo con un compost domiciliarios, pero hay viviendas plurifamiliares, restaurantes, hospitales, escuelas: ¿Cómo les vamos a pedir que hagan sus compost?

¿Y la otra mitad?
La otra mitad tiene a que ver mucho con cuestiones del mercado del reciclado, principalmente por una cuestión del precio del petróleo y si les conviene a los productores comprar plástico reciclado. En esta escala no alcanza sólo con la voluntad de reciclar residuos.

¿No hay, entonces muchas chances de recuperar algo?
Por supuesto que hay posibilidad de recuperar materiales, pero hoy lo que se están instalando es la economía circular. Mientras tanto, hay que asegurar la disposición en sus residuos en su primer escalón, porque podemos llegar a tener 100 y 100 de toneladas por día que van a tener que estar a cielo abierto. No podemos pedirle al vecino que seleccione, si no podemos recolectar en foma diferenciada. Esa recolección debe ir primero a iniciativas privadas locales y a los centros verdes. Una vez que rebalsen, van a ir a Cormecor, que está preparada para recibir en forma diferenciada, porque mejora su eficiencia. Además en la misma planta hay una zona reservada para emprendimiento industriales pymes que produzcan a partir de materiales reciclados. Porque se necesita que en Córdoba tengamos este tipo de procesamiento, porque si no hay que mandarlo en flete a otro lado, y eso es caro.