La ausencia de partes policiales, la casi nula respuesta telefónica a los insistentes llamados de la prensa por distintos hechos que requieren de una respuesta oficial, y la aclaración de “sin novedades” ante cada consulta de un hecho delictivo en particular, dejan entrever que el diagnóstico de la Policía sobre la seguridad de la ciudad es “positivo”, y al parecer en “Alta Gracia y el Departamento no hay delitos”.
Sin dudas, la verdad es otra, y -sin ánimo de generar psicosis- la realidad indica que existen hechos y son más de los que nos gustaría que haya. Robos calificados, hurtos y demás situaciones de violencia se viven a diario en distintas partes de Alta Gracia, con un promedio bastante elevado. El ánimo de conocer la verdad sobre lo que sucede no solo está ligado a nuestra obligación de informar, sino también a tener un termómetro y un paneo de la situación que hay en la ciudad, a fin de contribuir, con datos, a la estadística final. La burocracia, la falta de medios con los que convive la Policía y de organización para divulgar, como así también el desconocimiento de los derechos que le atañe a cada ciudadano, hacen que se produzca un verdadero cepo informativo en Alta Gracia.
La Ley 8803 aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba aclara el derecho al conocimiento de los actos del Estado, ley que quizás las autoridades policiales desconocen.
Un hecho similar al que está ocurriendo en nuestra ciudad (donde pareciera que hay una orden jerárquica de la Policía de negar todo lo que ocurre), sucedió en La Pampa el año anterior, situación que generó un recurso de amparo por parte de un medio de comunicación del lugar, amparo al que la jueza civil Nº 5, Adriana Pascual, le dio lugar dictaminando que los uniformados deben entregar información “sobre este tipo de hechos, con los recaudos que aconsejan los fiscales para no entorpecer la investigación, y así abandonar la práctica de negar la información de hechos de interés público cada vez que los requiera la prensa”. Situación extrema, claro y que inevitablemente nos retrotrae a realidades que la sociedad prefiere dejar en el olvido.
Al respecto de este tema, el Secretario General de UPPAC (Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina- Córdoba), René Zabala, afirmó: “Si bien la Ley 8803 es una ley general, están dentro de esa ley los acontecimientos policiales. Si niegan esa ley estamos hablando de una Policía fuera de lugar en el marco democrático donde debe haber una sociedad informada para saber cómo está realmente la situación de seguridad en la ciudad. Es lamentable lo que está pasando en algunos lugares”, señaló.
Sin dudas, en Alta Gracia no se considera la información y la comunicación como un bien social (tal cual lo aclara el artículo Nº 51 de la Constitución Provincial), y las autoridades policiales siguen incurriendo en un error arcaico que genera, cuando menos, un verdadero retroceso democrático.
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