La legisladora Ilda Bustos, del Bloque Unión por Córdoba, presentó un proyecto de ley para que la Provincia adhiera a la recientemente promulgada Ley Nacional N° 27.499, “Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”.
La norma -que lleva el nombre de la joven feminista de 21 años violada y asesinada en abril de 2017, en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos, se promulgó el pasado 9 de enero mediante el Decreto 38/2019. La iniciativa fue impulsada por la diputada nacional Analía Rach Quiroga, y aprobada el 18 de diciembre de 2018 con 171 votos a favor y uno en contra en la Cámara de Diputados y por unanimidad en el Senado de la Nación.
Respecto al proyecto que impulsa en Córdoba, la legisladora Bustos destacó: “Mediante la adhesión a la norma, buscamos promover un cambio de paradigma en la sociedad”.
Respecto de los gastos que demande su aplicación (artículo 9º), la legisladora expresó: “Resulta paradójico que la Ley de Presupuesto 2019 haya recortado un 18 % las partidas destinadas a políticas públicas de atención y prevención de la violencia de género, asignando un total de $ 234,3 millones, esto es apenas $11, 36 por mujer”.
Además, Bustos afirmó que “la violencia de género es una clara violación a los derechos humanos, utilizada con el objeto de castigar, intimidar y controlar la identidad y el comportamiento de la víctima; por lo tanto es deber ineludible del Estado adoptar medidas preventivas y punitivas cuando se producen violaciones de sus derechos, asegurando que no queden impunes los responsables de los delitos de género”.
Cabe recordar que Córdoba adhirió mediante la Ley 10.352 a la Ley 26.485 “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales”.
Por otro lado, la Provincia cuenta con las siguientes normas en relación a la violencia de género: la Ley 9.283 de Violencia Familiar, modificada por la Ley 10.400 que regula entre otras la colocación de dispositivos electrónicos; la Ley 9.591 que crea el Consejo Provincial de la Mujer; la Ley 10.060 de Lucha contra la Trata de Personas y de Contención y Recuperación de Víctimas de la Explotación Sexual (primera en el país); y la Ley 10.401 de Protección Integral a las Víctimas de Violencia, a la Mujer por Cuestión de Género, en el Marco Procesal, Administrativo y Jurisdiccional. Además del Decreto N°174/16 de creación del Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia y el Decreto N° 175/16 correspondiente al Programa Nuevo Rumbo.
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