Sorprendido y casi sin palabras, el secretario gremial del Sindicato de Remiseros de Córdoba e integrante del organismo homónimo de la República Argentina, Victor Rubén Taborda, manifestó a RESUMEN la necesidad urgente de intervenir en la ciudad para regularizar la situación laboral de más de 200 choferes que trabajan en negro, “reducidos a servidumbre y a la vista de todo el mundo en Alta Gracia”.
Luego de adentrarse en el tema y conocer la ordenanza que regula su trabajo, Taborda expresó: “Queremos dialogar, pero no podemos seguir permitiendo una ordenanza decorativa que lo único que hace es beneficiar a las agencias y permisionarios. El Estado municipal ha avalado el trabajo en negro y una evasión millonaria durante años y, al parecer siempre miró para otro lado”.
Por otra parte, aclaró que ha solicitado una reunión con los funcionarios municipales que se concretaría la próxima semana a fin de que el municipio solicite al Ministerio de Trabajo, AFIP y otros organismos que intervengan de manera urgente para blanquear la situación. “Hemos intervenido en distintos Departamentos de la Provincia de Córdoba y sinceramente nunca vimos lo que acá sucede con un Servicio Público tercerizado. Los trabajadores tienen miedo, no pueden reclamar porque quedan sin trabajo en todas las empresas. Hay un convenio entre los dueños de las agencias y si un trabajador reclama inmediatamente queda sin trabajo en todas. ¿Qué es esto? Hay un incumplimiento de parte de pseudo empresarios que se han enriquecido con la complicidad política durante años. ¿Dónde fue esa plata? El Estado no puede permitir más que haya explotadores a la vista de todo el mundo”, subrayó.
Sin aportes, sin horarios y…
En la ciudad existen 4 empresas (tres de remises y una de taxis) que tiene un total aproximado de 50 choferes cada una. Si bien, al ingresar a trabajar se les exige libreta sanitaria, certificado de buena conducta y carnet habilitante, todos carecen de ART, obra social y aportes. Trabajan en su mayoría, más de 12 horas y suelen cubrir francos de otros vehículos por lo que en muchos casos las jornadas se extienden de lunes a lunes.
La municipalidad, a través de la ordenanza, hace controles al estado del vehículo, pero dice no tener ningún tipo de injerencia en el trabajo de los choferes, sin embargo, es el municipio quien distribuye las chapas que en muchos casos pertenecen a empresarios, comerciantes que no hacen uso de las mismas y hasta personas que ya dejaron de existir. De esta manera, solo unos pocos manejan un negocio millonario que ningún funcionario municipal se atrevió a intervenir a lo largo de muchos años. La excepción fue la ex Secretaria General Silvina Bazán que realizó algunas modificaciones a la ordenanza y cuando se dispuso a seguir incursionando fue removida de su cargo en la intendencia de Mario Bonfigli.
En varias oportunidades hubo denuncias, visitas del Ministerio de Trabajo y hasta hubo quienes presentaron documentación al organismo provincial para que revise el tema; sin embargo, nunca nadie le puso el cascabel al gato y aquellos que quisieron, quedaron fuera del sistema.
OPINIONES
José María González (Secretario General de la Municipalidad)
“Sobre el tema del hipotético trabajo no registrado que a nosotros no nos consta, nosotros no somos competencia ni autoridad de aplicación para controlar eso, para eso está el Ministerio de Trabajo de la Provincia que es quien debería actuar en ese sentido en esta actividad, en los comercios y en otros ámbitos.No podemos regular una relación privada entre dos privados. Nuestros controles solo apuntan al estado del vehículo, documentación y horarios. En los dos meses que yo estoy no se secuestró ningún vehículo”.
Silvina Bazán (Secretaria General en el gobierno de Bonfigli)
“Los trabajadores están en negro solo por la connivencia del Estado, únicamente por eso. Si el Estado hace cumplir la Ley, osea, si la Municipalidad hiciese cumplir la Ley como corresponde en donde se le exige al permisionario que el trabajador esté en blanco, estarían en blanco. Existe el trabajador en negro porque el Estado lo permite; por eso en mis demandas laborales la municipalidad también es demandada por connivencia. Cuando era funcionaria implementé algunos cambios pero recibí amenazas y aprietes”
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