El caso de la confusa muerte del policía Juan Alós ocurrida en septiembre del año 2013, fue sin dudas, uno de los hechos más resonantes de Córdoba, que no sólo hizo tambalear el sistema policial, sino también el político de la provincia.
Luego de idas y vueltas; de una causa que pasó por manos de la Justicia provincial y luego la federal, pedidos de Juri de enjuiciamiento a quien llevó a cabo la investigación, el fiscal Emilio Drazile, y de enfrentamientos entre versiones que aún siguen vigentes, la Justicia federal ratificó la actuación del funcionario en la investigación por la muerte del policía , y por ese motivo, el Jury archivó los pedidos de destitución que pesaban sobre Drazile. Es decir que “por unanimidad” se desestimaron los pedidos de juicio político de la justicia provincial como federal.
El fiscal fue sobreseído por el juez federal Ricardo Bustos Fierro. Motivo que generó un sinnúmero de opiniones encontradas al respecto. Es importante señalar que la sentencia, que aún no está firme, generó en el plano político la desestimación de los pedidos de destitución que existían en contra de Drazile en la Legislatura provincial. Las presentaciones fueron hechas por mal desempeño de sus funciones y negligencia grave.
“Puede estar tranquilo”
Si bien ninguno de los cinco miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial (Jury), quisieron hacer declaraciones al respecto, confían en “el buen trabajo llevado adelante por el magistrado. Ahora puede estar tranquilo”, habrían señalado. El cuerpo que tomó la decisión está integrado por los legisladores Walter Saieg y Oscar González (UPC), Vilma Chiapello (Córdoba Podemos) y Miguel Nicolás (UCR). En tanto, Aída Tarditti, titular del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, integra el jurado por parte del Poder Judicial.
Las denuncias ante el Jury fueron realizadas en 2014 por los legisladores de la oposición Liliana Montero y Rodrigo de Loredo. Además, Roxana Luna, la viuda de Alós, había hecho lo mismo.
Sin más datos
Es importante señalar que, a pesar de que el caso estuvo repleto de denuncias mediáticas, desde que tomó la causa el fiscal federal Emrique Senestrari y lo incluyó dentro de la megacausa de “Narcoescándalo”, no pudo aportar ninguna prueba que pudiera determinar fehacientemente que lo que sostenía el abogado de la viuda, Carlos Nayi, o el propio fiscal federal tuvieran algún tipo de fundamento.
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