Durante la mañana de este viernes, Laura Rodríguez Machado quien es Diputada Nacional por el PRO, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.
A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», habló de la presentación del proyecto de ley que consiste en bajar la edad de imputabilidad: «En principio este proyecto ha sido presentado por el Poder Ejecutivo y hay 12 proyectos también presentados sobre esta temática y se está tratando desde el mes de julio del año pasado».
No es un tema que ha estado paralizado. El año pasado el proyecto de régimen penal juvenil ingresado por el Ejecutivo dispara la situación de análisis de todos los proyectos sobre esta temática y se produce un plenario de comisiones que además de la comisión que presido, la integran la comisión de familia, de presupuesto y de justicia.
Hubo ya siete reuniones en las que expusieron un total de 26 especialistas de distintos rubros, entre ellos también médicos neurólogos que analizaron en qué momento los jóvenes tienen su madurez emocional suficiente para entender que están cometiendo un acto delictivo.
Este, no solamente el proyecto modifica la edad de imputabilidad donde el Ejecutivo sugiere que sean 13 años, sino también moderniza o modifica la normativa vigente. El régimen penal juvenil actual fue sancionado en el año 1980 durante un gobierno de la dictadura y solamente prevé algunas aclaraciones en relación a la modalidad que debe llevar adelante el Estado para abordar la delincuencia juvenil.
En cambio, este proyecto, que está en tratamiento junto con las otras iniciativas legales, además de la pena en prisión, prevé sanciones alternativas, como son amonestación, prohibición de contacto, prohibición de salir del país, monitoreo electrónico. También prevé la posibilidad de ordenar tratamientos médicos en caso de afecciones psíquicas y psicológicas. Y eso es muy importante porque muchos de estos jóvenes delictivos bajo efectos de su adhesión a las drogas. Entonces, el tema de que el Estado también pueda disponer de un tratamiento para prevenir o curar esas adicciones es básico para afrontar todo lo que significa el régimen penal juvenil.
La ley de salud mental sí hay que modificarla porque no es una ley buena y también hay iniciativas y están en tratamiento en la comisión de salud. Y eso tal vez sirva para las personas mayores de edad que requieren tratamiento de adicciones. En este caso, la ley de salud establece que este tratamiento tiene que ser sometido a quienes de manera voluntaria acepten tenerlo.
Por eso, la vieja historia de la mamá de Chano, por ejemplo, que al ser Chano mayor de edad y no querer participar de tratamientos, ella no podía obligarlo. Pero eso es otra cosa. Ahora estamos hablando de tratamientos ordenados para personas que bajo los efectos de estas adicciones cometen delitos. Están bajo un sistema tutelar del Estado y además no tienen más de 18 años para poder decidir por sí mismos, como lo dice la ley de salud. Son menores y en el caso que los padres no puedan generar esa definición que realicen tratamientos preventivos, lo puede hacer el Estado. Eso sí lo establece esta ley.
Entonces, no necesariamente tenemos que esperar para avanzar en un tratamiento a un joven que dé el índice bajo el efecto de narcóticos que se modifique la otra ley. Con esta se puede avanzar.
Primero, la ley antigua, la que nos rige hoy, no tiene casi este tipo de acciones. Entonces, no están las condiciones dadas, como bien decís. Por otro lado, cuando la ley se sanciona, se tiene que aplicar, porque la ley es ley y quienes las incumplen caen en el cumplimiento de deberes de funcionarios públicos. Por eso es tan importante modificar la legislación. Y en relación a los tiempos del trámite legislativo, mira, este año, en el término de seis meses, durante este periodo y de que yo me he hecho cargo de la comisión, han salido cuatro leyes penales que en otros tiempos bien pensado que sean aprobadas.
Uno de ellos es la ley antimafia, la otra es la ley que elimina la puerta giratoria para aquellos detenidos que nunca terminaban cumpliendo la pena de prisión, y la otra es la modificación del registro de datos genéticos, donde se permite ahora tomar el ADN de contacto, es decir, no solamente se va a utilizar o se está utilizando, porque ya es ley, la huella dactilar, sino también la huella digital o de contacto donde figura tu ADN, que eso va a permitir, como pasa en la mayoría de los países del mundo, aclarar muchos, entre otros delitos, los de índole sexual.
Y finalmente el juicio en ausencia, que el juicio en ausencia también es ley, y va a permitir juzgar a los que generaron, tanto como autores materiales como intelectuales, las voladuras de AMIA Embajada de Israel, que durante el kirchnerismo no había sido aprobada durante 20 años esta ley, y pretendían incluso firmar un memorándum con Irán, que son quienes enviaron a los sicarios a matar gente.
Así que vamos avanzando a una velocidad que tal vez no se perciba, pero la verdad que la velocidad que se están modificando las leyes penales, producto del impulso que le da la ministra Patricia Bullrich, en este periodo legislativo es bastante rápido. La Comisión para aprobar o modificar el régimen penal juvenil, tiene una determinada cantidad de integrantes, que son el mínimo de diputados necesarios para alcanzar un dictamen de mayoría.
En total se necesitan 73 diputados para que pongan su firma para modificar la ley y llevarla al recinto. Es decir, el 44% de la Cámara está discutiendo desde julio del año pasado este tema. Entendemos que sí, que esto va a avanzar, y es muy importante que los legisladores nacionales por Córdoba también colaboren en que este despacho se produzca y la ley se termine con la media sanción y luego la sanción completa.
Hay dos cuestiones: si un menor es responsable penalmente, deja de ser menor. La responsabilidad es del menor. Cuando hablamos de si la familia responde, estamos hablando de un juicio civil enganchado con la denuncia penal donde seguramente la víctima va a pedir algún tipo de reparación económica.
Eso siempre se mantiene porque es una cuestión civil. Pero en la cuestión penal, el responsable es la persona, en este caso el menor, a partir de la imputabilidad. No obstante, hay familias que por algún motivo no pueden contener a este menor, o ya sea como en este caso que está con una situación de droga, o familias que son muy vulnerables, que tienen una situación económica y social muy paupérrima, que tienen que salir a trabajar, o una serie de situaciones que todos conocemos, el proyecto crea además la figura del supervisor, que va a acompañar al menor desde el comienzo de su tratamiento, o de la pena que se le impute, y debiendo elaborar un plan de educación y resocialización personalizado para cada una de estas situaciones.
Así que sí está contemplado, más allá de la imposibilidad muchas veces material de sus familias, de contener a sus propios hijos por distintas situaciones, el proyecto crea esta otra figura, tendiente a paliar esa situación que vos acabas de describir.
El proyecto debe contemplar, debe ser largo, el proyecto de ley debe ser largo. Y más cuando estamos hablando de algo que sentaría un precedente, estamos hablando desde el año 80, que está vigente la ley hoy, y bueno, me parece algo importante y ojalá se le dé el tratamiento desde todos los puntos de vista y se pueda dar de la mejor manera, ya sea que se apruebe o no. Da esa sensación, pero vamos a seguir insistiendo.
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