Finalmente, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicó ayer los cuadros tarifarios que corresponde aplicar a los usuarios de la región centro, cuyo servicio está a cargo de la empresa Ecogas. Así, desde ayer, el aumento sobre los usuarios residenciales será del 24,7 por ciento, distribuido en tres etapas: 6,9 por ciento en abril, 9,9 en mayo y 7,9 por ciento en junio. La suba fue menor a la que había solicitado la prestataria.
Donde sí hubo sorpresas es en el GNC: hay estaciones que actualizaron sus precios en hasta 35 por ciento.
La cifra autorizada por el Enargas fue menor a la que había solicitado la empresa en la audiencia pública del 28 de febrero pasado: allí, la suba final de la tarifa pedida, incluyendo el costo del gas en boca de pozo, transporte, distribución e impuestos, era del 30,6 por ciento; y se otorgó el 24,7 por ciento, es decir, casi 20 por ciento menos.
Sobre el servicio a cargo de Ecogas, la distribuidora había solicitado un ajuste del 39 por ciento y se otorgó el 26: 33 por ciento menos de lo pedido.
Factura en mano
La boleta que paga el usuario residencial tiene cuatro componentes: el costo del gas en sí, el transporte, la distribución y los impuestos, que son porcentajes que se calculan sobre el importe de esos tres componentes. Con este aumento, de cada 100 pesos que abonará un usuario residencial promedio (el R2-3) en junio, cuando se termine de completar la suba, 36,40 pesos corresponden al gas en sí; 25,90 a la distribución; 10,40 al transporte y 27,30 a los impuestos, tanto nacionales como provinciales y municipales.
La suba global del 24,7 por ciento es respecto de octubre pasado, cuando se había ajustado significativamente el precio del gas. Pero si se compara respecto del invierno de 2018, la suba trepa hasta el 95 por ciento.
Lo gravoso de esta situación es que pese a que se pide al usuario un esfuerzo cada vez mayor, el Estado sigue auxiliando con fondos públicos el costo de producción del gas, que ronda los 4,5 dólares por millón de BTU, de los cuales un tercio todavía es cubierto por subsidios. Mientras más se devalúa el peso, más fondos se requieren.
Es la primera vez que Energía prorratea la suba en tres tramos.
Lo hace urgido por las presiones inflacionarias: se calcula que los precios treparán alrededor del cuatro por ciento en marzo y abril correría la misma suerte, dado el impacto de la reciente suba en combustibles y todo lo que desencadena el aumento del tipo de cambio.
Todo indica que el escalonamiento de los aumentos también obedece al año político y a los altos niveles de rechazo que genera entre los usuarios cada suba.
El costo de diferir los aumentos será absorbido por el Estado nacional, que compensará a las distribuidoras y productoras. Se calcula en 3.500 millones de pesos esa cifra.
Además, está previsto que el 22 por ciento de la factura de gas de los meses de mayo a agosto (y podría incluirse septiembre) se difiera a los meses del verano, entre diciembre y marzo. Pero esa disposición todavía no fue publicada.
Ejemplos
Un usuario de la categoría R2-3 (que consume 847 m3 al año) está pagando en abril una boleta de 725 pesos finales, es decir, incluyendo impuestos. Esa boleta se irá ajustando tres veces, ya que para morigerar el impacto sobre la inflación la Secretaría de Energía dispuso partir la suba en tres meses.
En junio, cuando se complete la suba del 24,7 por ciento, el m3 de gas en la categoría de referencia, R2-3, estará en 10,36 pesos, sin impuestos y sin el cargo fijo. En junio del año pasado, ese m3 para esa categoría estaba en 5,37. La suba interanual es del 92,9 por ciento.
En tanto, se mantienen los 500 m3 anuales sin cargo para los beneficiarios de la tarifa social, que tienen una distribución proporcional al consumo y las temperaturas. Pueden acceder a ese beneficio jubilados y pensionados que no superen los 25 mil pesos de ingresos mensuales, titulares de planes sociales, discapacitados, desempleados y algunos monotributistas.
Lo que sí se incrementó ahora es el descuento sobre el precio del gas a las entidades de bien público, siempre y cuando estén registradas en el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad. Tenían una rebaja del 15 por ciento, que se amplío al 45. Además, se incluyó a las entidades religiosas.
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