Según datos suministrados por la Fiscalía local, el 50% de las denuncias que se registran en los destacamentos policiales de las localidades vecinas corresponden a este tema. Otro dato importante es que de un hecho denunciado se pueden desprender 5 sumarios diferentes, ya que la mayoría de ellos traen aparejadoshechos de robo, amenazas, violencia, etc; por lo que la resolución de los casos se hace por demás compleja. Anisacate, Potrero de Garay, Lozada, San Isidro, Falda del Carmen son las comunas más golpeadas por esta problemática y donde la Policía debe invertir el 80% de su tiempo en resolver estos temas.
Hay casos testigos al respecto como los sucedidos en los últimos meses donde un hombre denunció la quema de su camión por la “mafia” de los terrenos y otro fue baleado en la pierna por el mismo tema: “A veces perdemos todo el día en estas denuncias, porque van, alambran, viene el supuesto dueño, lo reclama y hay agresiones entre ellos, sin contar que debemos en muchos casos, quedarnos a custodiar el lugar después de lo sucedido”, afirmó un policía de una localidad cercana a nuestra ciudad.
Más allá de que existan casos en los que la necesidad mueva a tomar posesión de un terreno, se sabe que existe una “organización que alambra” y a la que le llegan datos exactos (suminstrados por algún órgano gubernamental) de los lugares donde los dueños ya no existen, o se encuentran a grandes distancias.
¿Uno o más responsables?
El poder de Policía de los jefes comunales en esto es escaso, aunque la mayoría de las veces son responsabilizados en la problemática. Si bien no tienen autoridad para participar o frenar situaciones de este tipo, podrían reorganizar los registros catastrales o llevar adelante un censo que eche luz sobre datos que hasta ahora son bastante oscuros. Hace pocos días un grupo de vecinos de un municipio cercano hizo una denuncia pública al respecto y acusó al intendente de “no tomar cartas en el asunto”, un caso similar sucedió en San Isidro donde el esposo de la jefa comunal se vio implicado en un hecho de violencia tras discutir con los supuestos dueños de un terreno. Estos son algunos de los hechos que se conocen y que toman estado público, aunque hay muchos más que terminaron en el hospital o la Comisaría.
¿Y por casa?
Durante la mañana del miércoles, Policía Ambiental y Fiscalía local debió intervenir en un lote que estaba siendo alambrado en cercanías al Tiro Federal. Según se pudo conocer, se constató la existencia de alambrados nuevos, y de calles. “Se constató la apertura de un camino sin autorización y se marcó con mojones el inicio y el final de ese camino, esto junto a otras cuestiones que constatamos, se elevaron a Policía Ambiental para que estudie el tema”, afirmó Marcos Cuquejo, inspector de dicho organismo.
A partir de allí se procederá a saber si el loteo está autorizado por la Provincia o no, considerando que la autorización implica un estudio de impacto ambiental que hasta donde se sabe, no existe. Cabe destacar que la propiedad alambrada era un loteo utilizado por la Municipalidad hace más de 50 años, aunque hoy se desconoce si hay herederos de los dueños originales. Todo está en investigación a cargo del la Fiscalía Nº 2.
“La posesión es un poder de hecho excluyente en virtud del cual una persona se comporta en la realidad física como titular de un derecho real sobre una cosa (mueble o inmueble), con independencia de que ese derecho real exista o no. La Ley 9150 de la Provincia regula la creación de un “registro de poseedores” y asimismo organiza una unidad ejecutora cuya función sería la de proveer al saneamiento de títulos.
Lamentablemente, esta Ley constituye un desacierto que ha creado confusión en ciertos sectores de la población y, al propio tiempo, ha incentivado conductas indebidas en gente inescrupulosa”, afirma el abogado Gustavo Bono, especialista en el tema.
El colmo: policías usurpan y amenazan
Dos casos que, al menos, despiertan “asombro”, fueron los sucedidos durante las dos últimas semanas en la zona de Anisacate. Dos policías, participaron en hechos de usurpación y amenazas, por lo que uno de ellos fue denunciado al Tribunal de Conducta Policial.
El primero sucedió en la zona de Los Chañaritos e involucró a una mujer que se desempeña en la ciudad de Córdoba. Según se conoció, llegó a un terreno que tenía una casilla prefabricada, pateó la puerta donde dormía un niño y amenazó con quemar todo y matar a quienes, según sus dichos, ocupara su terreno ya que afirmaba tener la documentación correspondiente. Sin embargo, solo tenía una Declaración Jurada del mismo.
La familia que vive en el lugar tiene el mismo documento, y además posee todos los impuestos pagos desde el año 2012, momento en el cual comenzó a vivir en el lugar. Las dos partes denunciaron el hecho aunque a la oficial se la denunció además en el Tribunal de Conducta ya que todo el procedimiento lo hizo uniformada y en el lugar se sacó el nombre para no ser identificada. Una semana después, otro policía que trabaja en Córdoba, usurpó un terreno en la zona a pesar de haber sido advertido por el dueño ya que le había aclarado que tenía escritura e impuestos pagos.
A. PERALTA OTONELLO
(Fiscalía Nº 2)
“La precariedad de los títulos y la falta de políticas claras al respecto es lo que complica la situación. Los hechos son difíciles de resolver porque debemos ubicar testigos que constaten la posesión y muchas veces cometen “falso testimonio”, a fin de lograr el objetivo.
El incremento del valor de las tierras es uno de los factores por el que se ha incrementado el problema, otro es la adhesión a la Ley Nº 9150 “Tierras del futuro”, que lejos de generar claridad, ha perjudicado la situación. Son causas civiles que en la mayoría de las situaciones terminan siendo penales. Lo ideal sería un trabajo ordenado de las comunas y la creación de algo que ya fue anunciado y que aún no comienza a funcionar: la Brigada de Usurpaciones”.
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