Sin embargo, el duodécimo juicio -comenzó el miércoles 9- presenta al menos tres singularidades; la primera implica un desafío, las otras son para celebrar. Por la pandemia, es la primera vez que un proceso de este tipo se realiza de modo mixto, con contadas presencias en la sala y testigos e imputados declarando de manera virtual.

A la vez, es inédito que una mujer –Carolina Prado- presida el Tribunal Oral Criminal Federal Nº1, que juzgará a los 18 imputados. Y también por primera vez –y aquí lo significativo en términos de Memoria, Verdad y Justicia- se avanza judicialmente en el rol operativo del ex Grupo de Artillería 141 de José de la Quintana, con un ex oficial.

Ocurrido en Media Naranja

Es el 29 de marzo de 1976. En su casa de Media Naranja, muy cerca de El Brete, Pura Zamec recibe las visitas de su nieto, Adrián Ferreyra, y su esposa María del Carmen Pietri, embarazada de nueve meses. Hace calor, y de seguro Pura está contenta: en días será bisabuela.

Pero a la hora de la siesta, un vecino se cruza y le avisa que las fuerzas represivas andan buscando a “un bigotudo” y una mujer embarazada. Pura da el aviso, Adrián y María del Carmen abandonan el descanso y con lo puesto y cómo pueden escapan a pie por un camino rural. El embarazo avanzado los obliga a hacer algunas paradas, la huida se complica; mientras patean un camino de chacras se les cruza un Chevrolet naranja de cuatro puertas con personas armadas y vestidas de civil, que los detienen para trasladarlos a la comisaría de Cruz del Eje.

En el trayecto, sobre la ruta que une Cruz del Eje con Media Naranja, intercepta al auto –según el expediente- “un jeep Gladiador, a bordo del cual se encontraba el Teniente el Ejército Carlos Horacio Meira, adscripto al Grupo de Artillería 141 de José de la Quintana, quien procedió a escoltar al vehículo hasta la referida dependencia policial de Cruz del Eje, donde los cautivos fueron finalmente alojados”.

Como tantas otras comisarías cordobesas, la de Cruz del Eje funcionó como un centro de detención de la dictadura, en el que confluían los apresados en pueblos cercanos y en la misma localidad. Testimonios obrantes en la causa dan cuenta de que en esa época se registraba allí “un promedio de 40 o 50 detenidos diarios”. Hoy el sitio está reconocido como ex centro clandestino.

Juntos por última vez

Ya en el destacamento policial, el matrimonio tuvo dispar suerte. El requerimiento de instrucción a juicio da cuenta de que mientras a Ferreyra lo indaga el capitán Arturo Grandinetti, altivo interventor de la Municipalidad de Cruz del Eje, Pietri es interrogada por Meira y liberada ese mismo día; un vehículo policial la lleva hasta la vivienda de Media Naranja.

“A las 7 del día siguiente, esto es el 30 de Marzo del año 1976, María del Carmen Pietri se apersonó a la Comisaría para interiorizarse sobre la situación de su esposo, ocasión en que le llevó ropa, alimentos y frazadas, debiendo esperar hasta las 17 para ser atendida por el Teniente Meira, quien la recibió en una sala donde ella observó que se había realizado el interrogatorio de su esposo” , reza el escrito. Y completa: “Seguidamente, el Teniente Meira le explicó que la detención se había producido por una denuncia, y estaban averiguando antecedentes, los que arrojaban como resultado que militaban en Montoneros, además de la actividad en la Universidad.  Le dijo que a ella también la tendrían que llevar, pero por el estado de embarazo no lo hicieron.  En esa oportunidad le informó que a su esposo -Adrián José Ferreyra- lo debían trasladar a La Calera, que sería juzgado por Tribunales Militares y que ella debía regresar a su casa y quedarse tranquila”.

Por un pedido suyo, aquel día María del Carmen Pietri pudo ver a su esposo, durante unos minutos y con Meira al lado. Fue la última vez que lo vio en su vida: a las 5.15 del 31 de marzo, una comisión que combinaba policías con al menos un soldado del Grupo de Artillería 141 traslada a Ferreyra, supuestamente para ser investigado por “averiguación de antecedentes subversivos”. Destino, incierto. 

Desde tiempo antes, Ferreyra estaba “fichado”. En 1975 el Departamento de Informaciones Policiales D2 había registrado que el joven de 22 años era estudiante de Psicología en la UNC, y militaba activamente en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y en la Comisión de Familiares de Presos Políticos.

“Ernesto” o El Adrián”, de recordada verborragia en las asambleas estudiantiles previas al Golpe de Estado, es evocado por quienes lo conocieron como  de contextura física mediana, cara redonda, pelo algo ondulado o crespo, grandes ojos marrones y bigote.

Desde la madrugada del 31 de marzo de 1976, de él nada se sabe. 

El 141 en acción

Como en tantas desapariciones, a partir de aquel marzo de terror la familia de Ferreyra lo buscaría sin pausa. Visitaría establecimientos religiosos y unidades militares, agotaría gestiones y presentaría hábeas corpus para que alguien se digne informarle del destino del muchacho. Las más de las veces sin respuesta, aunque el cinismo fue tal, que en dos ocasiones -1979 y 1984- le respondieron que el joven fue liberado el 4 de abril de 1976.

Su secuestro y posterior desaparición es uno de los tantos hechos que se juzgan en el proceso por delitos de lesa humanidad inaugurado el miércoles, y la primera vez que se indaga en la supuesta participación de efectivos del ex Grupo de Artillería 141 en delitos de lesa humanidad. En este caso, y según los testimonios, de forma conjunta con personal civil y agentes policiales.

El ex GA 141 fue una guarnición dependiente del Tercer Cuerpo de Ejército, cabecera de la Subárea 3117, que abarcaba los Departamentos Ischilín, Cruz del Eje, Punilla, Colón, Totoral, San Alberto, San Javier, Calamuchita y Santa María. En juicios anteriores ha sido nombrado como parte del entramado represivo de la dictadura en la provincia, pero en esta ocasión se avanza judicialmente en hechos en los que presuntamente estuvieron vinculados efectivos de esa unidad, y por ende en el rol operativo que ésta tenía.

Los acusados, casi todos con condenas previas

Si el tribunal confirma la instrucción de la causa, quedará por primera vez probado que desde la guarnición se desplegaban operativos hacia zonas incluidas en su amplia cobertura territorial, algo que ya han referido ex conscriptos de la guarnición, como Carlos Vera, que en 2012 denunció eso y la existencia en el predio de detenidos-desaparecidos.

Además de Meira –es abogado, se defiende a su mismo y obtuvo la baja en 1982- fue imputado en este proceso y luego separado por razones de salud Sebastián Enrique Gómez Olivera, segundo jefe del 141. El hombre, que asumió ese cargo el 30 de diciembre de 1975, de seguro encontró una guarnición semivacía: todo el 141 fue desplegado a Tucumán para combatir en el Operativo Independencia, que también es juzgado por estos días. El rol del Grupo de Artillería en ese capítulo del Terrorismo de Estado también es un capítulo inexplorado.  

Otros imputados en este juicio son Jorge Exequiel Acosta; Ernesto Guillermo Barreiro; Carlos Alberto Díaz; Luis Gustavo Diedrichs; Calixto Luis Flores; Miguel Ángel Gómez; el propio Arturo Emiliano Grandinetti; José Hugo Herrera; Yamil Yabour; Ricardo Alberto Lardone; Arnoldo José López; Alberto Luis Lucero; Juan Eduardo Molina; Emilio Morard; Fernando Martín Rocha; Héctor Pedro Vergez y Carlos Alfredo Yanicelli. Casi todos con condenas previas, sólo cuatro de ellos permanecen alojados en cárceles; el resto está con arresto domiciliario.

De los 18 imputados que van a juicio, Grandinetti (77 años) y Meira (71) –los vinculados a aquella detención en Cruz del Eje- son los únicos que nunca habían sido acusados judicialmente; afrontan el proceso en libertad. Misma situación que la del apartado Gómez Olivera, que este febrero festejó 86 años.

Las audiencias serán cada miércoles desde las 10 y pueden seguirse a través del canal de Youtube del tribunal. Se juzgan los casos de 43 víctimas del Terrorismo de Estado, de las que 34 permanecen desaparecidas y 9 están vivas y darán testimonio.

Se estima que el juicio se prolongará hasta fin de año. Al mismo tiempo, hay posibilidades de que se alineen ciertos planetas formales para avanzar con excavaciones en la inmensa guarnición quintanera, donde en 1999 el ex conscripto Guillermo Caminos denunció la existencia de al menos una fosa común.