El 28 de octubre de 2020, el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba sancionó a la Legisladora Patricia de Ferrari, miembro del Bloque de Juntos por el Cambio, tras haber hecho una publicación en su cuenta personal de Twitter pidiendo que ”Vuelvan los falcon verdes” para “ajusticiar” al dirigente social Juan Grabois. Esta apreciación la esgrimió en medio del conflicto ocasionado en la Provincia de Entre Ríos cuando el referente social vinculado al Gobierno Nacional usurpó el campo de la familia Etchevehere.
La cuestión de privilegio planteada contra Patricia De Ferrari Rueda derivó en su suspensión por seis meses, además de que la legisladora no podrá ser autoridad de la Cámara ni de ninguna de las comisiones conformadas o que puedan conformarse por lo que reste de su mandato. También quedará excluida de representar al cuerpo en todo acto institucional. La solicitud llevó las firmas de las legisladoras Nadia Fernández, Graciela Manzanares, Victoria Busso, María Emilia Eslava, Tania Kyshakevych, Mariana Caserio, María Laura Labat, Liliana Abraham, Natalia Martínez, Adela Guirardelli y Carmen Suárez. La petición se apoyó en el artículo 129 del Reglamento Interno de la Legislatura, cuando señala en su inciso 1º que “se consideran Cuestiones de Privilegio” a “las que afectan los derechos de la Legislatura colectivamente, su seguridad, dignidad y la integridad de su actuación y sus procedimientos, considerados desde la perspectiva de órgano representativo de los ciudadanos”.También halla fundamento en el artículo 99 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, que afirma que “la Legislatura dicta su reglamento y puede, con el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, corregir, excluir de su seno a cualquiera de ellos por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o por indignidad, y removerlo por inhabilidad física o psíquica sobreviniente a su incorporación”.
De Ferrari fue a la Justicia para que se revea la desición de la Unicameral, llegando ésta semana finalmente al Tribunal Superior de Justicia.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba dictaminó en contra de los recursos interpuestos por la legisladora y el Fiscal General Adjunto de la Provincia, Ricardo Bustos Fierro, consideró que no corresponde al Poder Judicial hacer una valoración de la decisión adoptada por la Unicameral; sólo puede pronunciarse sobre la cuestión formal. Destacó que la suspensión fue aplicada “en ejercicio de la potestad disciplinaria que la Legislatura ejerce sobre sus miembros”.
Tras el examen del Ministerio Público Fiscal, pocas son las posibilidades de que el pleno del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba le de la razón a la Legisladora suspendida.
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