Luego de dos horas de deliberación el jurado dio a conocer la sentencia: cadena perpetua para Édgar “Pinguchi” Díaz por el homicidio del sacerdote Luis Cortés. La decisión se conoció pasadas las 14 hs de este miércoles en la Cámara 11 del Crimen donde se llevó adelante el juicio que se extendió por 4 días. La sala se colmó de policías (alrededor de 20) se distribuyeron en torno a la familia de la víctima y del imputado. No era para menos, la decisión tomada por la Justicia (a través del Jurado Popular, claro) implica 25 años de prisión sin beneficios, es decir que no corre el 2×1, ni la buena conducta, ni nada que pueda hacer salir antes de ese plazo al único imputado que hoy tiene 26 años. “Homicidio criminis cause” fue la imputación que se sostuvo hasta el final, a pesar de que que la defensa de Díaz, el Dr. Alvaro Ganame solicitara cambio de la calificación legal a “Encubrimiento” o a “Robo en concurso real” al final de su alegato. Apenas se conoció el fallo, la familia de Díaz (tía, novia y hermanos) rompió en llanto y se retiraron de la sala manifestando “Es una injusticia, él no es el culpable”.
Teresita Cortés aclaró, en tanto, que no es quien para perdonar pero “acepté las disculpas del padre del chico y de Barros”, aclaró a los medios presentes que se agolparon frente a ella cuando se conoció el veredicto, de la misma manera que intentaron dialogar con su abogado, Daniel Villar.
Cabe destacar que el padre del detenido (Jesús “el gringo” Díaz) solo se hizo presente cuando lo llamaron a declarar, es decir el pasado viernes. No estuvo antes y tampoco el día que iban a dar a conocer el fallo judicial que podía dejar a uno de sus hijos en prisión por varios años, sin contar que su declaración fue de vital importancia a la hora de la investigación y posterior decisión judicial.
Última declaración
Terminados los alegatos de Ganame y de José D’antona abogado defensor de Fabio Barros, el imputado por “Encubrimiento”, se le dio la oportunidad de hablar a la familia de Cortés que prefirió guardar silencio, y a los dos imputados. El primero en tomar la palabra fue “Pinguchi”, quien manifestó: “Sigo con mi declaración. Fui presionado por la Policía de Alta Gracia; no se olviden de que me acusaron hasta del robo de la Fiscalía y después se comprobó que no tuve nada que ver. Estuve ocultando la verdad porque tuve miedo de lo que podía pasar conmigo”, aseveró.
Posteriormente habló Barros (quien compró el celular del sacerdote a Díaz luego del homicidio) y reivindicó, entre otras cosas, su trayectoria como trabajador, su familia bien constituida y la ausencia de antecedentes penales en su vida; detalles con los que pretendió darle forma “al error” de haber adquirido no solo el celular sino todos los elementos robados de la casa del cura párroco que estaban en uso cuando la Policía llegó a allanar su domicilio.
Las defensas
Poco más de una hora duró el alegato de Ganame. El letrado intentó dar a conocer un relato distinto donde el principal sospechoso pasaba a ser el padre de “Pinguchi” y el imputado solo un colaborador del delito. Explicó detalles de una investigación que tuvo “groseros errores” (según su percepción) y desmenusó la causa para que el Jurado Popular intentara cambiar una visión que la mayor parte ya tenía firme desde principio del juicio, la culpabilidad del detenido.
Nombró como principales actores de la mentira a Fabio Barros, Pablo Montoya (primo del “gringo” Díaz), y hasta el peluquero que estaba en la casa de Montoya cuando “Pinguchi” llegó a vender los elementos. “Hay que llegar al hueso. Ni como víctima ni como victimarios nos merecemos esta investigación. Hay una sola persona sentada en el banquillo cuando, desde el principio, se mencionaron a cuatro”, señaló el letrado y enumeró una serie de falencias en el procedimiento llevado a cabo por el oficial Bustamante, quien se desempeña en la División Homicidios de la Policía de la Provincia de Córdoba: “No investigó nada, metió el pecho a todo el mundo, no investigó el Fiat 147 que estuvo detenido frente a la casa del sacerdote entre las 11 y las 12 hs del día del homicidio, no receptó los testimonios de los familiares de Díaz, no advirtió contradicciones, no investigó antecedentes de Barros y Montoya y tampoco pidió y revisó la sábana de sus teléfonos”, advirtió el abogado defensor de Díaz, quien tomó el procedimiento llevado a cabo por Bustamante como el error más grave de la investigación.
Una vez que terminó con los detalles, solicitó disminución de pena (a través del cambio de la imputación) y además pidió que no se considere al imputado como “reincidente”. Palabras más, palabras menos, Ganame presentó un alegato que resaltó aspectos más populares que jurídicamente probados, y además estuvo cargado de inseguridades, donde la única opción posible era tratar de atenuar los años de cárcel.
“El imputado revoleó la media a último momento. El defensor trató de demostrar que hubo mentiras e inconsistencias que no fueron tales. Barros pudo tener la opción de mentir y zafar sin embargo prefirió decir la verdad. Acá se pretende instalar la teoría del complot: ¿Cómo sostienen 8 personas una mentira?”, así lo expresó José D’antona, abogado de Fabio Barros al llevar adelante su alegato que intentó poner luz sobre lo manifestado minutos antes por su colega defensor. Cabe destacar que la pena dictaminada por el jurado para Barros fue de 3 años en suspenso y tareas comunitarias.
El hecho
Cabe recordar que el aberrante hecho sucedió el sábado 29 de agosto de 2015 en calle 3 de febrero 12, domicilio del sacerdote Luis Cortés. Aquella tarde trabajadores y colaboradores de la iglesia se acercaron porque el cura no iba a dar la misa, y no era común que se demorara. Al llegar, alrededor de las 18 hs, encontraron la puerta de rejas (que cubre la principal) sin las medidas de seguridad y humo que salía del domicilio. Inmediatamente llamaron a la Policía y a bomberos, quienes localizaron el cuerpo del sacerdote en el piso, maniatado con cinta y ahorcado. El cuadro no tiene antecedentes en la ciudad y generó una conmoción lógica al tratarse, además, de un sacerdote que, a pesar de estar jubilado, seguía dando misas y atendiendo personas en su domicilio con fines solidarios. Las investigación estuvo a cargo del fiscal Emilio Drazile quien pidió colaboración al Departamento Homicidios de la Policía de la Provincia de Córdoba.
El 10 de septiembre el caso ya estaba casi esclarecido. Hubo pruebas, pericias que comprobaban la veracidad de esas pruebas y un testimonio que incriminó directamente a “Pinguchi”. A pesar de que se tejieron varias versiones en la ciudad sobre los posibles autores de el crimen, ninguna de ellas pudo ser comprobada; y ahora sí se trataría de un “caso cerrado”.
Voces
Daniel Villar: “Tenía la convicción de que era culpable”
“Se hizo Justicia. Es reconfortante para la familia y para la ciudad porque el hecho nos lleno de inseguridad, se trató de un crimen aberrante.Tenía la convicción de que era culpable a través de un “Homicidio criminis cause” (matar para evitar ser reconocido por la victima, y ocultar el robo) porque ésto se comprobó producto de la destacada instrucción que se llevó adelante mediante pruebas contundentes que dieron la certeza para la condena. Esas pruebas son, la declaración del imputado donde admite que no conoce la casa del padre y reconoce como suyas las zapatillas, la cinta y el teléfono ceular que son secuestradas en la casa de Borio donde él vivía. La puesta en escena no es otra cosa que querer desvirtuar toda la prueba”.
Álvaro Ganame: “No sé cuál es la verdad en este caso”
Mediante esta afirmación la defensa tiró por tierra todo el alegato ya que dejaba en evidencia su más íntimo pensamiento: desconocer si su defendido es o no inocente. A través de su exposición tocó varios puntos, aunque lo más fuerte fue que no se investigó el móvil del crimen: “Ésto se hizo con demasiada saña como para que haya sido solo un robo”, expresó; y además se detuvo sobre ciertas personas que, para él, fueron los que se complotaron para sostener una mentira y culpar a “Pinguchi”.
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