A propósito del suceso vivido por un padre, que no pudo despedirse de su hija, que se hallaba internada en grave estado, debido a la imposición del protocolo sanitario en vigencia por la pandemia y que luego falleció, se disparó el debate sobre el cumplimiento de la rigidez protocolar y las situaciones que merecen una consideración especial que permitan no perder de vista el aspecto “humanitario” necesario para poder proseguir hasta la resolución final de este proceso inédito.
No es natural que los hijos mueran antes que los padres. Sin embargo esto sucede muy a menudo debido a diferentes causas, propias de la calidad de ciudadanía, los avances tecnológicos y cientos de enfermedades letales.
Volviendo al tema principal, trataremos de dar una definición de lo que significa la aplicación de un “protocolo sanitario”. “…el protocolo es un verdadero concepto polisémico, que debe interpretarse en el ámbito y circunstancia correcta para lograr los resultados más adecuados.
(www.definicionabc.com/social/protocolo.ph)
Un Protocolo terapéutico o de tratamiento es un documento usado en el ámbito de la sanidad, que contiene información que sirve como una guía de tratamiento de situaciones específicas o enfermedades relevantes. (es.wikipedia.org.)
El ejercicio de la medicina ha sido definido como “ciencia y arte”, además de otras definiciones más específicas. En términos generales como ciencia: se rige por las secuencias del método científico, técnicas y especificaciones propias de la profesión. En términos individuales: el profesional hace uso de su “habilidad” para llevar adelante sus acciones, que le permiten a su criterio lograr un mejor resultado para su paciente.
En este contexto y luego de 5 meses de protocolos diversos, e información poco confiable, el interrogante es: si estos debieran ser de aplicación “rígida” e inamovible o permitir “excepciones” en algunas circunstancias, siempre y cuando no se provoque un mal mayor.
En este caso puntual, las autoridades justifican lo realizado aferrándose al cumplimiento estricto del protocolo, aún cuando la persona cruzó varias provincias, sin objeciones. Por otra parte, la ciudadanía condena el accionar de los funcionarios esgrimiendo razones “humanitarias”.
Tampoco se puede cargar con toda la responsabilidad a las fuerzas de seguridad. Todos sabemos que dichas fuerzas (desde la Policía hasta el FFAA) están entrenadas para “cumplir órdenes” en un régimen vertical, que salvo en los rangos mayores no da para flexibilizar el cumplimiento de un mandato, en este caso de un Comité de Expertos.
Dos posiciones para un mismo hecho, ¿cuál es la válida?, ¿el cumplimiento a rajatabla de una disposición legal, que no da margen para una evaluación particular y posterior decisión razonable? ¿O buscar el método que no pusiera en riesgo la salud de terceros para que el padre pudiera despedirse de su hija moribunda?
Evidentemente es inocultable que existen posibilidades técnicas y sanitarias que hubieran podido resolver esta situación convenientemente. Un traslado sanitario, con el aislamiento asegurado, una visita hospitalaria con todos los recaudos necesarios, era posible.
¿Qué pasó entonces? ¿La comunicación entre los responsables de los controles no fue la adecuada o directamente no existió? ¿El COE Regional debió tomar conocimiento del caso y obrar en consecuencia? ¿El protocolo debe considerarse una guía en un ámbito determinado y en determinadas circunstancias? ¿O simplemente es un procedimiento aplicable a todos los casos, sin excepción alguna?
En la realidad diaria sabemos que esto no es así, ya que es imposible un cumplimiento masivo en los distintos niveles sociales de un “protocolo” rígido y el ciudadano común lo ve a diario.
Este hecho debe servir para realizar una reflexiónsobre los resultados de las acciones sanitarias. Protocolos, cumplimiento ciudadano, información realista y, sobre todo, uso del “sentido común” que es útil y necesario en todos los actos humanos. Luego de 5 meses de aislamiento social, barbijos y protocolos, ¿cuál es la evaluación final?
Entre marchas y contramarchas, parece ser que ningún funcionario quiere hacerse cargo de los resultados y entonces el miedo ciudadano a la enfermedad es superado por el terror de los funcionarios a las consecuencias de un fracaso de la gestión sanitaria.
Asumir la responsabilidad y ejercer la autocrítica es ejercer una ciudadanía honesta. No asumir los errores y creer que la autocrítica perjudica el cambio de decisiones en beneficio de la “gestión” es el más común de los “errores”.
Dr. José Luis Cabrera
Médico- Docente
Vocal Titular del Partido Laborista Argentina
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