Los ocupantes aseguran que la policía trató de sacarlos del lugar mediante un procedimiento “violento” que no habría contado con orden judicial. Voces oficiales manifestaron que “sólo se dialogó con ellos y con el abogado que los representa pero no hubo ningún tipo de violencia”, argumentaron que la orden que tenían los uniformados era “no permitir el ingreso a más gente de la ya existente en el predio, pero nunca se ordenó sacar a los que ya estaban”.
Según manifestaron algunos integrantes de las familias apostadas en el lugar, “las tierras les pertenecen ya que se habrían iniciado los trámites en el programa Tierras del Futuro”.
El 2º Jefe de la Departamental Santa María Mayor Felipe Rao dialogó con Resumen de la Región sobre el tema y manifestó: “En un principio, es decir el día viernes, eran aproximadamente 40 familias y ya el día lunes se incrementaron a 120, ante esta circunstancia se dispone la presencia permanente del personal policial hasta tanto se resuelva la situación con respecto a quienes van a ser entregados los terrenos que están siendo ocupados aparentemente en forma ilegal”.
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