Martín Cortéz, Director Administrativo de la Municipalidad de Alta Gracia, a cargo de la Unidad Ejecutora, habló con el equipo de «Todo Pasa», programa matutino de FM 88.9 sobre la problemática de terrenos en el sector mencionado.
«La función que llevamos adelante desde la Oficina de Tierras, la Unidad Ejecutora. Se trabaja en conjunto con el gobierno provincial, más precisamente con el Ministerio de Justicia. Habitualmente receptamos de los vecinos la documentación que respalda las poseciones para anotarlos en el Registro de Poseedores. Es la gestión que venimos haciendo de manera fructífera, acompañando al vecino» detalló Cortés, sobre su trabajo en el área. «Se termina con una resolución, cuando el ministerio ordena anotar a esa persona tras la presentación de toda la documentación correspondiente» agregó.
El director aclaró: «En primera medida: se trata de un problema entre privados. Hay algunos casos ya judicializados, poder judicial ya se ha expresado y ahí ya no puede intervenir. El conflicto es entre Transurva versus vecinos de Piedra de Sapo; únicamente están judicializadas 12 personas, de las cuales cada una está en diferentes instancias. Hay una que ya se solucionó y se llegó a buen puerto, quedan once. Transurva inició acciones en el año 2013-2014 cuando los lotes eran solamente terrenos. Sólo dos tienen viviendas nada más, actualmente».
Sobre el porqué se le cobró los impuestos a los poseedores y no se intimó a los propietarios por ello -70 años de deuda- y además de receptó los planos de las nuevas viviendas, respondió: «Tanto el municipio como el poseedor están al tanto de la situación. Ese trámite es declarativo, el poseedor sabe que en cualquier momento puede aparecer el titular. Es más, cuando empieza a pagar otra personas se los notifica. La Dirección de Ingresos Públicos se debe haber encargardo de las intimaciones contra Transurva».
Hay 12 juicios iniciados y es una situación procesal abierta. «La empresa está facultada para hacerlo. Es el Poder Judicial el que tiene la última palabra. Los antiguos propietarios han acreditado que son los dueños».
«Hemos tenido reuniones con las dos partes, con los vecinos para brindarles información y con los apoderados de la empresa. Queremos armar una mesa de trabajo» expresó Cortés.
«El municipio no mira para otro lado: va a acompañar al vecino para acercar a ambas partes. Vamos a acompañar al poseedor que tenga un terreno destinado a una vivienda, no al que tenga tres o cuatro. El vecino que cumple con los 20 años de pago de impuestos, ya tiene la posesión. Es legal. No dudo que vamos a llegar buen puerto» concluyó.
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