Fue encontrado el pasado viernes por la mañana sin vida en el interior de su habitación ubicada en el sector B del Complejo Esperanza, instituto ubicado en la localidad de Bouwer, donde se alojan jóvenes en conflicto con las leyes penales.
«Por causas que tratan establecer, el joven tomó la decisión de autoagredirse colgándose de una sábana. Estaba alojado en el centro socioeducativo desde el 23 de diciembre del año pasado. Sus familiares ya fueron informados del lamentable suceso», indica el comunicado del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincial.
El joven había ingresado al complejo por disposición del Juzgado de Inst. y Menores de 7º Nominación de Córdoba, el 23 de diciembre de 2014 por «Robo calificado». El 27 de abril, fue direccionado al módulo donde ayer fue encontrado sin vida.
Aunque el fiscal del distrito 2 turno 5, Alfredo Villegas, está a cargo de la investigación; trascendió que la posibilidad de un «homicidio» fue descartada.
Siguen los cuestionamientos
La legisladora Liliana Montero cuestionó la situación del Complejo Esperanza y afirmó: «Mientras el Complejo Esperanza siga siendo un depósito de jóvenes que preferimos olvidar, en lugar de un espacio socio educativo del que estemos orgullosos de sostener como política de Estado, seguiremos asistiendo a muertes que nos notifican del fracaso», enfatizó.
Por su parte, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba emitió un comunicado este sábado expresando su opinión sobre la muerte de otro joven privado de libertad.
A continuación, el texto:
Observatorio de Derechos Humanos sobre Complejo Esperanza
Desde el Observatorio de Derechos Humanos queremos expresar nuestro profundo pesar porque hoy los cordobeses tenemos que lamentar nuevamente la muerte de otro joven en las instituciones de encierro de nuestra provincia y acercar a su familia toda nuestra solidaridad.
El sistema penal juvenil en Córdoba transcurre a contramano de los principios internacionales que rigen en esta materia al seguir siendo la privación de libertad la principal medida que se adopta y, como queda expuesto en el Informe Mirar tras los Muros de los años 2013 y 2014 –elaborados por la Comisión Provincial de la Memoria y este Observatorio- el contenido socioeducativo de los Institutos que alojan jóvenes privados de su libertad sigue siendo una promesa a cumplir. Existe una ausencia de medidas alternativas a la prisión. La libertad asistida, que es la única alternativa existente, funciona con recursos humanos y presupuestarios insuficientes.
Así, Córdoba continúa Incumpliendo el mandato de la Convención Internacional de los Derechos de Niños cuando expresa en su art. 37 “ … La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño …..se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda; Todo niño privado de libertad será tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad.”
Abogamos para que las autoridades administrativas como judiciales responsables de los jóvenes presos asuman en toda su magnitud la obligación que tienen de garantizar la vida, la integridad física, psicológica, el buen trato y todos los derechos de los jóvenes alojados en los Institutos de privación de libertad.
Ninguna muerte sucedida en estos ámbitos ya sea por violencia o autodeterminación es responsabilidad individual de ningún joven, por el contrario es responsabilidad compartida tanto de quienes ordenaron la prisión y están encargados de controlarla como de quienes tienen a su cargo las Instituciones donde son alojados estos jóvenes.
Como sociedad no debemos ni podemos naturalizar estas muertes, es urgente el cambio del sistema penal juvenil para convertirlo en un sistema con un verdadero contenido socioeducativo e implementar en el corto plazo medidas alternativas que permitan evitar el encierro de los y las jóvenes de nuestra provincia.
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