A esta altura parecía ser un tema cerrado. Y es que «Cocó Resto Bar», cuya apertura estuvo en boca de todos en el año 2015, ya ni siquiera existe. Sin embargo, la Justicia suele tomarse su tiempo para expedirse y ahora, y para dolor de cabeza del próximo intendente, la novedad es que la ultima resolución deja un poquito complicado al Municipio económicamente hablando y, habría un claro responsable.
Luego de tantas idas y venidas, habilitaciones, amparos, denuncias, marchas y reaperturas, el comercio iniciado por Santiago Expósito y Andrés Goya en Sarmiento 248, cerró sus puertas de manera definitiva en noviembre del año pasado. Para entonces, ya había corrido mucha agua debajo del puente. Inicialmente los vecinos se opusieron a la inauguración de un espacio que «perjudicara la tranquilidad de los vecinos» (un boliche bailable) y llevaron la queja a la Justicia. La Jueza Graciela Cerini dio lugar a los amparos presentados y dispuso una medida cautelar hasta tanto se determinara qué hacer.
Así mismo, el Concejo Deliberante en mayoría (excepto Roberto Brunengo) tomó sus propias decisiones y mediante la Ordenanza 9869 habilitó a los emprendedores a abrir el lugar como un «Bar Restaurante». En un claro desafío a la Justicia, Daniel Villar, asesor letrado responsable, argumentó que lo que se autorizaba era un rubro diferente al que se prohibía por lo cual no violaba tal cautelar. De esta manera, el representante legal de la Municipalidad dio el visto bueno y Cocó abrió sus puertas.
Esto no terminó allí, los demandantes apelaron y al cabo de algún tiempo, mientras todo seguía su curso legal, la supuesta presencia de un DJ en el restó de calle Sarmiento, agravó la situación. Fue cuando la Cámara 7° de apelaciones en lo Civil y Comercial, resolvió que tanto el Municipio como los propietarios de Cocó, pagaran la sanción a los vecinos Teresa Oviedo y Pablo Antonello por haber abierto al público a pesar de mediar una cautelar. Suma que, en ese entonces, ascendía a los 258 mil pesos más los intereses y costos de los letrados intervinientes en la causa. Pero esto también fue apelado.
Ahora, tres años después, la misma Cámara concluye en que el Ejecutivo Municipal no «arbitró los medios necesarios para evitar la infracción a la cautelar de autos». Es decir, no controló y de alguna manera facilitó la transgresión a las medidas impuestas. Con este fallo, ahora, el Municipio podría perder más de 700 mil pesos.
Como era de esperarse, esta «novedad» no cayó para nada bien en el círculo del intendente electo y, según trascendió, el propio Marcos Torres estaría dudando de la continuidad de Villar en su cargo. En definitiva, es algo que le está saliendo muy caro y un error de 700 mil pesos no lo puede tener cualquiera.
Por su parte, trascendió que el polémico funcionario recurrirá al Tribunal Superior. En ese caso, los intereses podrán hasta duplicar el monto, sin dejar de tener en cuenta que el tribunal superior revoca una de cada diez mil sentencias. Es decir, sería algo prácticamente improbable. Otro tema, y quizás sea este el más importante, es saber quien pagará por esa mala praxis. Seguramente sea el Municipio, es decir, los vecinos.
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