NoticiasEditorialLa Región

Anisacate: Un conflicto en el que las partes no se escuchan

La crisis del transporte escolar tiene a los niños como rehenes de una situación que requiere diálogo para dar con una solución.

Se dice que entre lo que uno piensa, lo que uno quiere decir, lo que uno cree decir, lo que uno dice, lo que el otro quiere oír, lo que oye, lo que cree entender, lo que quiere entender y lo que entiende, hay nueve posibilidades de no entenderse. Podemos remarcar además que, de esas nueve comunicaciones fallidas, hay cinco (la mayoría) que son atributo de quien debe escuchar en ese intercambio comunicacional.

En Anisacate, el conflicto por el transporte escolar pareciera estar bajo la influencia del razonamiento antes referido. Desde la municipalidad afirman, y no les falta razón en lo que plantean, que el transporte escolar que funcionaba no tenía habilitaciones adecuadas, lo cual dejaba un claro espacio de riesgo para que ninguna aseguradora acepte un planteo en caso de sufrir algún accidente. Esa falta de habilitación permitía cosas como vehículos en malas condiciones, y una administración irregular de recursos para brindar un servicio que, según su propia definición, “no existía en los papeles”. En una administración nueva, con cambio de orientación partidaria y por ende cambios estructurales en la forma de gestión, el actual gobierno busca corregir y enderezar todo lo que, según su entender, está encontrando torcido, transporte escolar incluído.

Por otra parte, los padres de los niños afectados por la falta de transporte se encuentran con la dificultad, muchas veces convertida en imposibilidad, de lograr que sus hijos asistan a las clases que ya comenzaron en todos los establecimientos y niveles. Es que Anisacate tiene una geografía amplia, no cuenta con servicio público de transporte para unir los distintos barrios (que supliría la falta de transporte escolar), y según refieren los mismos padres, no hay suficientes unidades de taxis y/o remises para cubrir la demanda, sin sumar a la discusión la dificultad de enfrentar el costo que significa tener que incluir en el presupuesto familiar el pago del remis para llevar los chicos a la escuela.

El municipio tiene razones técnicas para haber interrumpido un servicio irregular, deficiente e ilegal. Los padres tienen razones logísticas para reclamar un servicio que hasta el fin de clases del último ciclo lectivo les resolvía la mecánica de que sus hijos lleguen al colegio. Ambos tienen razones, pero pareciera que no escuchan las razones del otro, y la negociación parece estancada.

Mientras tanto, pasan los días de clase y los chicos no tienen cómo llegar al colegio, o lo hacen a través de grandes sacrificios, físicos o económicos. Es cierto que nuestros mayores pueden contarnos historias de sacrificio para llegar al colegio cuando eran chicos; largas cabalgatas, o largas caminatas, contra el barro y las inclemencias del tiempo, pero también es cierto que bien entrado el siglo XXI, hay cuestiones básicas que la sociedad ya debería tener resueltas.

Mostrar más
 

Noticias Relacionadas

Comentarios:

Botón volver arriba