Despues de la caliente sesión que se vivió en el Concejo Deliberante este miércoles, al volver a ponerse en la mesa legislativa el caso Cocó Resto Bar, el bloque de Alta Gracia CRECE no se conforma y mediante un duro comunicado criticaron la falta de tratamiento sobre tablas de la nota que el Tribuno de Cuentas emitió, en la cual admiten estar en desacuerdo con el convenio de pago de la deuda de casi un millón de pesos que el Municipio tiene tras haber perdido el polémico juicio.
Recordemos que por decisión de la mayoría de los concejales, la nota pasó a Legislacion General.
Aquí el escrito completo:
«MULTA MILLONARIA
No mentir, ni confundir la verdad.
La Justicia condenó a la Municipalidad de Alta Gracia con una multa que hoy alcanza casi el millón de pesos. ¿La causa? Incumplir una orden judicial, donde NO se debía autorizar ninguna actividad en el local Coco Restaurant, hasta tanto se resolviera la medida cautelar.
Hicieron lo que quisieron, y hoy esa condena la pagamos con los impuestos de todos los vecinos.
«CONFIDENCIALIDAD»
Para la modalidad de pago de la multa, se firma un acuerdo transaccional entre las partes, que, entre otras cosas, establece como obligación que dicho acuerdo debe mantenerse bajo “confidencialidad, particularmente, a no dar a conocer a los medios de comunicación su celebración y contenido todo bajo pena de pago de una multa”, violando categóricamente el principio republicano de la publicidad de todos los actos de gobierno. ¿Qué pretenden esconder con esto?
Dato no menor, es que los codemandados del Municipio, los empresarios del local, uno hoy es contratado por la Provincia de Córdoba de la mano del Ministro Facundo Torres, ex intendente de aquel entonces. Y el otro hoy es subcontratistas del estado municipal conducido por el intendente Marcos Torres. Estas cuestiones deben acabarse.
Debemos todos los vecinos pagar las consecuencias de la inoperancia jurídica y legal, ¿más amiguismo en los actos de gobierno? Definitivamente no.
Por eso es que solicitamos al Sr. Intendente que instruya sumario administrativo e investigación, para determinar la responsabilidad patrimonial que pudiera corresponder, y estas consecuencias la paguen los verdaderos responsables y no los vecinos con sus impuestos.
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: UN DERECHO.
Toda esta información es PÚBLICA, está a disposición de cualquier ciudadano que quiera acceder a la misma. A la ciudadanía hay que hablarle con la verdad, no mentir y hacer del acceso a la información pública una rutina.
Concejales y Tribunos de Cuenta de Alta Gracia Crece»
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