En la actualidad, por ley, todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país cobran en los meses de junio y diciembre el “aguinaldo” o “sueldo anual complementario”. A pesar de la posición de ciertos sectores que propugnan su eliminación, se considera un derecho adquirido, que tiene ya 75 años de historia.
Corría el año 1.943, y nuestro país era presidido por el gobierno conservador, corrupto y fraudulento del Dr. Ramón Castillo. El 4 de junio de ese año, las fuerzas del ejército, al mando del general Arturo Rawson, depusieron al presidente y conformaron un gobierno de facto.
Los militares Arturo Rawson, Pedro Ramírez y Edelmiro J. Farrell, fueron reemplazándose en el poder.
Durante el breve gobierno de Pedro Pablo Ramírez (1943-1944), nombró al entonces coronel Perón al frente del Departamento de Trabajo y Previsión Social. Éste, inmediatamente adoptó medidas que se encaminaban a otorgar derechos laborales y sociales a las masas obreras.
El General Farell asumió la Presidencia de la Nación en 1.944, nombrando como vicepresidente al coronel Perón, quien ahora sumaba también los cargos de Ministro de Guerra y Secretario de Trabajo y Previsión.
Sin embargo, en el ámbito interno, crecía la oposición contra el gobierno de Farrell, a la vez que dentro del gobierno, aumentaba el descontento entre los militares respecto al coronel Perón, que había dictado numerosas medidas en favor de los trabajadores.
Los militares adscriptos a Farrell, temiendo por el creciente liderazgo de Perón, comenzaron a idear el desplazamiento del coronel de sus cargos.
Sin embargo, Perón habiéndolo previsto, pactó con dirigentes sindicales, y mediante un decreto firmado en el mes de octubre de 1.945, consolidó en un acto multitudinario, el aumento de salarios, el reconocimiento del aguinaldo y la participación de los trabajadores/as en las ganancias de las empresas.
El 12 de octubre de 1.945 arrestaron a Perón, y lo trasladaron a la isla Martín García. Al conocerse la noticia, los sectores populares de Buenos Aires se movilizaron sobre la ciudad y el 17 de octubre exigieron su libertad.
Finalmente liberaron a Perón, quien con el apoyo de los sectores más desfavorecidos, sumado a la presión obrera organizada y masiva, logra que el gobierno firme y publique el 31 de diciembre de 1.945 el Decreto 33.302/45, por el cual se oficializaba un aumento general de salarios, y se consagraba el pago del aguinaldo, la fijación del salario mínimo, vital y móvil, el establecimiento de los salarios básicos y la instauración de la indemnización doble por despido sin causa durante dos años para todos los trabajadores/as de la República Argentina.
La Unión Industrial y la Bolsa de Comercio crearon la “Asamblea Permanente de Entidades del Comercio, la Industria y la Producción” e impulsaron un “lock out patronal”, que no tuvo el efecto esperado, debiendo someterse a lo resuelto mediante aquel decreto, y negociar con los sindicatos la forma de pago de los aumentos de salario y el aguinaldo.
La posición empresaria de aquel momento, había argumentado que el pago del aumento salarial y del aguinaldo obligaría al cierre de muchas empresas. Sin embargo, y tal como ocurre actualmente, se probó que esas medidas favorables a los trabajadores no produjeron el cierre de ninguna empresa.
Es importante recordar que el aguinaldo ya tenía antecedentes en la Argentina. En 1.910, el gobierno municipal de Buenos Aires había pagado a sus empleados una bonificación de un mes extra de sueldo, llamándolo “Aguinaldo Centenario”. En tanto que en 1.924 en la provincia de Jujuy, también se había realizado este pago especial para el personal de servicio y ordenanzas de la administración.
La importancia del decreto impulsado por Perón, que fue ratificado por la Ley Nº 12.921 del 20 de diciembre de 1.946 bajo su presidencia, fue que tornó obligatorio el pago del aguinaldo a todos los trabajadores y las trabajadoras del país. Ya no se trataba de una “bonificación” que dependiera de la buena voluntad de la patronal, sino de un derecho adquirido en beneficio de la clase trabajadora en su conjunto.
Actualmente, desde diferentes sectores macristas y liberales, se desestimó la importancia del aguinaldo. Lo llamaron, incluso, «engaño popular». Entre ellos, Milei y Yamil Santoro, quienes propugnan que el aguinaldo se integre al salario, es decir, se diluya en el mismo. Frente a estas afirmaciones, y apelando a la reflexión de los lectores, me pregunto: ¿No es evidente, por el contrario, que si el aguinaldo se integra al salario, la inflación se va a ocupar de hacerlo desaparecer, cuando no los bajos aumentos acordados con algunos sindicatos? Esa, precisamente, es la idea que tienen los liberales cuando afirman que el aguinaldo no sirve, o es un engaño. Desde luego, no sirve a los intereses de las clases dominantes.
En la actualidad, por ley, todos los trabajadores y las trabajadoras cobran el equivalente a la mitad del mejor sueldo cobrado en los últimos seis meses, en junio y diciembre. Bajo la presidencia de Cristina Fernández, se estableció que la última cuota del S.A.C. (Sueldo Anual Complementario) se abone antes del 19 de diciembre de cada año.
En la actual coyuntura atravesada por la pandemia, y a pesar de que algunos trabajadores del sector público han percibido su aguinaldo en cuotas, según cifras oficiales, el 63% de los trabajadores lo ha recibido completo en julio de este año.
El aguinaldo es un derecho que se consagró para todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, hace 75 años. Actualmente se considera un derecho adquirido, y ya no un beneficio extraordinario. Frente a concepciones liberales que propugnan su eliminación, el movimiento obrero y la sociedad en su conjunto deberán unificar fuerzas para evitar que se retroceda casi un siglo de conquistas sociales.
Por Laura Cociglio, Abogada Especialista en Derecho del Trabajo.
M.P. 1-37197 *CSJN Tº 505 Fº 66
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