Desde hace años, Unión por Córdoba trata, a través de distintas propuestas que en su mayoría cuentan con las políticas provinciales, de dar respuestas a la problemática habitacional y de acceso a las tierras; situación esa que, en momentos difíciles de ajuste, se torna emergencia como lo demostraron distintas acciones de vecinos de las últimas semanas, en una situación de ilegalidad que llevó a una dura respuesta municipal.
En ese sentido, el discurso del Intendente Municipal, Facundo Torres, siempre fue firme: “Este gobierno nunca va a avalar la usurpación o toma de tierras, apoyaremos a todos aquellos vecinos que preocupados por la problemática habitacional encaren en forma organizada acciones tendientes a solucionar la misma”, palabras pronunciadas el 1 de marzo de este año y que se reiteran en las respuestas y declaraciones de sus funcionarios al respecto.
Haciendo un poco de memoria, recordamos que en agosto de 2013 se aprobó por unanimidad la ordenanza 9554 que buscaba justamente el compromiso por parte del municipio para generar una “política habitacional que facilite el acceso a una vivienda digna por parte de sus vecinos procurando resolver en forma paulatina los problemas y déficits habitacionales en la ciudad, contemplando aquellos con recursos y condiciones socio-económicas más débiles”.
Facundo Torres, en aquel momento, era Vice Intendente y Presidente de un Consejo Deliberante compuesto por muchas figuras que desempeñan roles fundamentales aún hoy; el actual Secretario de Desarrollo Social, Diego Barrientos, el Secretario de Servicios Públicos, Iván Poletta, la actual Secretaria de Gestión Administrativa Cristina Roca (quien era Secretaria Legislativa), entre los de UPC, mientras de parte de la oposición, ya se encontraban los actuales concejales Roberto Brunengo, German Rodríguez y Leandro Morer de la UCR.
La ordenanza 9554 fue un hito en la historia de aquel Concejo por el entusiasmo en la aprobación por unanimidad (a la que se sumó Encuentro por Alta Gracia) pero también por la profundidad del compromiso y la seriedad con la que se consideró el tema.
La “madre”
La ordenanza que pude ser considerada como la “madre” de unas recientes legislaciones, parte de la toma de conciencia de la existencia de “un generalizado déficit habitacional en la ciudad, que afecta principalmente a las personas jóvenes y aquellos grupos de menores ingresos económicos a los que se le imposibilita el acceso al crédito ordinaria y de la existencia “de inmuebles fiscales, no afectados a ningún uso y por lo tanto sin que el Estado en sus diversos niveles, ejerza una posesión ostensible, situación que también se observa en inmuebles del dominio privado que aparentemente han sido abandonados desde larga data”.
En ese sentido, un año después, se aprobó la ordenanza 9769 de expropiación de lotes, que marcó el inicio de la gestión de Facundo Torres como Intendente a cargo, en 2014, que preveía la voluntad de estado de expropiar, para viviendas sociales aquellos terrenos que registraran estado de abandono, falta de pago de tributos municipales, falta de mantenimiento de malezas y limpieza y cuyos titulares registrales no se domicilien en la ciudad de Alta Gracia.
Ambas legislaciones apuntaban claramente, además, a regularizar a través de la participación activa del estado las situaciones de ilegalidad la usurpación y/u ocupación, por parte de terceros, muchas veces con exclusivos fines de lucro (es decir tanto de vecinos en situación de emergencia habitacional, así como de privados con proyectos inmobiliarios y comerciales).
Actor colectivo
La Política Habitacional Integral debería posibilitar “el acceso a la tierra, a la vivienda y al hábitat, favoreciendo el mantenimiento del arraigo generacional de vecinos y la pertenencia territorial de la población en condiciones de sustentabilidad e integración socio-urbana al entramado de la ciudad de Alta Gracia y reconoce en “las organizaciones comunitarias, conformadas legalmente como asociaciones civiles, cooperativa o mutuales” el actor principal.
Según trascendió, luego de las últimas polémicas, el municipio estaría buscando conformar una “cooperativa madre” que pueda nuclear a los distintos colectivos de vecinos y de esta forma registrar, anotar y asignar las tierras que, en algún momento, se decida disponer para el uso social.
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